El juez de Rabasa fuerza a la Policía a dar cuenta de las reuniones con Ortiz

La investigación por presuntas irregularidades con la tramitación del Plan Parcial de Rabasa, bajo sospecha por si desde el Ayuntamiento de Alicante se maniobró para supuestamente beneficiar a Enrique Ortiz con la venta de suelo o instalando Ikea, sigue la marcha con nuevo instructor. El juez que actualmente ocupa el Juzgado de Instrucción 6 de la capital alicantina, Daniel Barrientos, ha resuelto un recurso que quedó pendiente tras la marcha de Juan Carlos Cerón a la Audiencia a cuenta de las reuniones del empresario imputado con la Policía Judicial.

Si el criterio de Cerón no fue otro que llamar a los agentes a informar de la citas con Ortiz, Barrientos lo mantiene pese a la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo responsable, Felipe Briones, recurrió la decisión adoptada a finales de marzo por el titular de Instrucción 6. La acusación popular de Esquerra Unida se adhirió a la postura del fiscal.

El Ministerio Público sostuvo en su escrito que «no existía la necesidad de informar al juzgado» al considerar que solo debería llegarse a tal extremo «cuando se hubiere producido una confesión de los hechos».

El magistrado «debe disentir» de dicha afirmación, como asegura en el auto facilitado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). «De toda diligencia que se practique por la Policía Judicial», prosigue Barrientos, «debe darse cuenta al juzgado» para su conocimiento y decidir si han de ordenarse nuevas pesquisas.

Esta decisión choca con la adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción 5, Manrique Tejada, quien dirige la investigación de la pieza del 'PGOU', quien resolvió que el promotor bajo sospecha tenía intacto el derecho «de la libre deambulación y el de reunirse con quien estime oportuno» en contestación a un recurso de la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, imputada en ambas causas que se desgajan del 'caso Brugal' y muy interesada en desvelar qué se pudo decir en los misteriosos encuentros.

Algo similar argumenta ahora su compañero del juzgado de enfrente en el Palacio de Justicia a cuenta del escrito de Briones, con la salvedad de que «todo lo actuado durante la instrucción debe quedar consignado y reflejado en los autos». Además, sostiene el juez de Instrucción 6 que «no resultaría lógico» que la Policía no aportara las declaraciones de testigos «que hubieran practicado durante sus investigaciones o de nuevos hechos».

Así, si bien los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no deberán comparecer, por el momento, ante Manrique Tejada, sí deberán hacerlo ante Daniel Barrientos, quien recientemente cogió las riendas del juzgado y de una de las principales causas de corrupción en la ciudad de Alicante.