Adiós a los nuevos centros concertados de Elche y Calpe

Los colegios concertados construidos sobre parcelas de uso público no llegarán a salir de los cajones de la Conselleria de Educación. Será el fin de una de las iniciativas estrella del Consell para cubrir la demanda de las familias que optan por este modelo de enseñanza, de la que se empezó a hablar cuando Alejandro Font de Mora dirigía la sede de Campanar. Más de cinco años después sólo se han podido impulsar dos concursos, uno de ellos declarado desierto y el otro en plena tramitación, aunque desde el departamento de María José Català asumen que ya no hay tiempo material para aprobar la adjudicación antes de que se produzca el relevo en el Consell.

En la actualidad el único Centro de Iniciativa Social -como se denomina a la iniciativa- que está en proceso de licitación es el previsto para Calpe, y no ha estado exento de polémica. Paralizado durante meses por un recurso administrativo interpuesto por un colegio próximo, el concurso se reanudó a principios de febrero y sumó dos ofertas, una de las cuales no pasó el primer filtro al no acreditarse la solvencia técnica y financiera de la empresa interesada. En realidad fue una buena noticia para Educación, teniendo en cuenta que mes y medio después trascendió que Alfedel, la licitadora, está siendo investigada por su vinculación con la trama de corrupción urbanística que se destapó a raíz de la 'Operación Púnica', que incluye irregularidades en la cesión de terrenos para levantar centros en la comunidad de Madrid.

La otra oferta, presentada por el Colegio Iale S. A., sí ha conseguido llegar a la siguiente fase del procedimiento, consistente en la valoración del proyecto educativo y el plan técnico de obras, que corresponde a un comité de expertos de la conselleria. Y ahí se va a quedar. En caso de un pronunciamiento positivo (se exigía una puntuación mínima para seguir avanzando en el concurso), todavía sería necesario resolver la última parte -la proposición económica- sin olvidar los tramites previos a la firma de la adjudicación, que incluye nuevas comprobaciones de carácter fiscal.

En definitiva, resulta imposible sacarlo adelante antes del cambio de Gobierno, y tanto el PSPV como Compromís se han mostrado muy críticos desde la oposición en Les Corts con el modelo CIS.

El CIS de Calpe esconde un interrogante más. El pliego de condiciones dice que el órgano de contratación puede renunciar a dar la concesión antes de la adjudicación siempre que exista un motivo fundado, como un defecto en el procedimiento. Otra opción sería que los técnicos decidieran declararlo desierto, lo que no generaría derechos a los afectados.

Es lo que sucedió en el otro CIS que llegó a ver la luz, el que se iba a ubicar en Elche, si bien en este caso ninguna de las cuatro ofertas llegó a la fase final. Se podría haber licitado de nuevo, pero no ha habido tiempo.

Además de los dos casos citados, el Consell sólo ha podido conseguir dos parcelas más -para La Vall d'Uixò y Santa Pola- que no han llegado a salir a concurso pese a que los municipios las cedieron en julio de 2014. Y la de Valencia capital ni siquiera ha podido recepcionarse.