Piden 6 años de cárcel para un funcionario por quedarse el dinero de las licencias

La fiscalía solicita provisionalmente una pena de 6 años de cárcel, multa de 6.480 euros e inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante cinco años y medio para un funcionario del ayuntamiento de Aspe ( Alicante ) al que acusa de haber sustraído a las arcas municipales casi 23.000 euros que fueron pagados por empresarios y vecinos en concepto de licencias.

El juicio debía celebrarse entre hoy, miércoles, y mañana jueves en la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante , pero el tribunal lo ha suspendido hasta finales del próximo octubre después de que el procesado renunciase a su abogado de oficio, según han informado fuentes jurídicas.

El procesado era el encargado de tramitar las licencias urbanísticas de Aspe por obra mayor y actividades y de realizar las liquidaciones por el pago de tasas e impuestos, aunque fue apartado de sus funciones tras descubrirse el presunto fraude y ahora desempeña labores de bedel.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio público, entre 2007 y 2009 se aprovechó de la "situación y credibilidad que le daba su condición" de empleado público para elaborar decretos y acuerdos de junta de gobierno falsos y hacer suyas diversas cantidades pagadas por licencias de obra y actividad.

En 2008, por ejemplo, elaboró supuestamente un decreto municipal falso en el que estampó la firma del secretario del consistorio para ingresar en su patrimonio 1.089 euros correspondientes a una tasa por la prórroga del inicio de unas obras en un polígono de la localidad.

Al año siguiente, en junio, se quedó con los 20.049 euros que había abonado otro empresario en un sobre como pago de la licencia para construir una nave industrial en otro polígono, después de rectificar otro documento en el que figuraba un importe cercano a 57.000 euros cuando el contribuyente le advirtió de que éste era excesivo, siempre según la Fiscalía.

Fue precisamente este perjudicado quien destapó las irregularidades cuando el ayuntamiento le informó de que la licencia que había solicitado había prescrito por no pagar la correspondiente tasa.

Entonces, según fuentes de la acusación particular, las autoridades municipales descubrieron que había medio centenar de expedientes en una situación similar.

El funcionario, que está acusado de delitos continuados de falsedad en documento público y estafa, será juzgado también por apropiarse presuntamente de 482 euros correspondientes a la licencia para un almacén agrícola y 1.350 para las obras de un restaurante de comida china.

Para cometer los desfalcos que se le atribuyen, estampó supuestamente en escritos de forma ilegal la firma del secretario municipal y del teniente de alcalde de Aspe en esa época, al tiempo que elaboró varias resoluciones públicas falsas, entre ellas un acuerdo de la junta de gobierno, otro de una comisión municipal o un decreto inexistentes.

En la vista oral fijada ahora para los días 28 y 29 de septiembre deberán comparecer como testigos los perjudicados, la exalcaldesa de Aspe María Nieves Martínez (PP), el entonces secretario de la corporación, el ex teniente de alcalde y entonces edil de Urbanismo Teógenes Barrios y numerosos funcionarios municipales.