La provechosa sociedad entre Alperi y Ortiz

Las conclusiones del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía son cuanto menos indicativas de la estrecha relación entre el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi el empresario Enrique Ortiz y cómo desde el Ayuntamiento se obró, siempre supuestamente, para tejer una red de pingües beneficios.

Los últimos informes aportados al sumario del 'caso PGOU', por el que se investigan presuntos amaños del urbanismo de la ciudad, describen operaciones del todo opacas e intercambios de beneficios entre Alperi y Ortiz. Todo salió a la luz desde que los agentes intervinieran el teléfono del industrial en la investigación llevada a cabo con la Fiscalía Anticorrupción en el Juzgado de Instrucción 3 de Orihuela en el marco del 'caso Brugal'.

El juzgado de la capital indaga los quehaceres de los gestores del urbanismo de Alicante por si hubiesen cometido delitos como tráfico de influencias, cohecho o prevaricación. Los informes completados con la información recabada de los registros de las casas y firmas de Ortiz estrechan el cerco contra los presuntos implicados.

En buena parte del laborioso informe, los agentes que dependen de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se refieren a los famosos bungalós presuntamente pagados por el promotor al exregidor y que finalmente acabaron en manos de los hijos del político del Partido Popular, según obra en la causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada.

Los funcionarios policiales, a la luz de los movimientos y las conversaciones de Ortiz con sus colaboradores y Alperi, albergan pocas dudas del manejó para que las viviendas en plena Playa de San Juan resultasen muy económicas para Elisa, diputada en Les Corts por el PP, Edna y Otto. De la cuantiosa información presentada en el juzgado, los uniformados destacan cómo ambas hermanas adquirieron sendos Audi del mismo modelo y matriculación casi correlativa.

Más allá de la aparente beneficiosa relación surgida entre ambos, los agentes se adentran en la labor del exalcalde como asesor y desgajan cómo presuntamente han sacado tajada de su posición. Sobre Díaz Alperi, el informe recoge pagos de varias empresas, entre las que se encuentran el despacho Salvetti, del que la Policía cree que se dedicó a redactar y resolver alegaciones al PGOU, o el casino de Alicante, justo cuando la firma cerró su centro de Villajoyosa para afincarse en el Puerto de la capital.

De hecho, una firma ligada a Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, y Salvetti realizan pagos por 28.000 euros. En total, casi 200.000 euros en dos años tras haber dejado la vara de mando a su sucesora, Sonia Castedo, como consejero en pleno trámite del PGOU de manos del despacho investigado y otras como Blaurban, Convelsa y Ancón Levante SL.

Para ello, la Policía ha tenido que ir tras los pasos de un Alperi que trató de escapar al fisco mediante la sociedad Andrax SL, que los agentes consideran como una mercantil «instrumental», para cobrar como asesor. Algunos de los ingresos más jugosos, los cuales no se llegan a determinar si ficticios o no, recalaron en la firma por la que el exparlamentario deberá sentarse en el banquillo por varios delitos fiscales.

Las conclusiones a las que llegan los investigadores son claras: Ortiz contaba con información antes de tramitarse el PGOU. Así lo señalan por las operaciones llevadas a cabo en fechas previas al inicio de la revisión del urbanismo de Alicante, lo que le generó una revalorización de 80 millones en parcelas compradas a precio de saldo.

Compra de parcelas

La documentación aportado por el Grupo de Blanqueo de Capitales recoge cómo en fechas previas al inicio del Plan General, desde el entorno de Ortiz se adquieren parcelas que en un futuro tendrán un gran valor en sectores como Ciudad de la Economía, La Fábrica de la Cerámica de La Florida, la Condomina o el Rico Pérez.

Sobre el estadio alicantino, refieren los agentes que, por las conversaciones intervenidas, el promotor compró el estadio porque planeaba recuperar 4,2 millones de euros que hacían falta para su remodelación. «Nuestra meta está en la recalificación del campo», le llega a decir el dueño del Hércules a uno de sus colaboradores. La Policía es clara: «El empresario tuvo ya en fechas tempranas información privilegiada, inalcanzable para el resto de ciudadanos».

«Escúchame, si te pregunta alguien por si tienes el plano, sea quien sea, le dices que no (...), no se los enseñes a nadie», decía en julio de 2008 Ortiz a Javier Llorens, empleado suyo, sobre el terreno de la Cerámica. El industrial adquirió una parcela por más de 1,5 millones de euros que se revalorizó hasta los 10 millones y medio de euros en 2010.