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Bernat Sirvent
Martes, 9 de junio 2015, 01:11
Hace unos días, la patronal de pequeñas y medianas empresas de la provincia, Cepyme, anunció la apertura de una ventanilla única para denuncias anónimas con el fin de ganar en transparencia en la Administración y destapar casos de fraude fiscal o economía sumergida en empresas privadas. Ayer, la patronal que preside el empresario y abogado Cristóbal Navarro dio un paso más allá y puso en marcha otra ventanilla para la denuncia también anónima de grandes empresas incumplidoras de la Ley de Morosidad, aprobada en diciembre del año 2004 y cuyo incumplimiento es más elevado, según Navarro, entre empresas de gran tamaño.
Cepyme Alicante habló ayer directamente de que declaraba la guerra a la morosidad de las grandes empresas. «No es justo que se adjudiquen todas las contratas públicas y que luego tarden 260 días en pagar en algunos casos a las pymes que subcontratan», explica en una nota la patronal de pymes.
La reflexión que en voz alta hizo ayer Navarro apunta a que entre las grandes operadoras de obra pública de España (FCC, Dragados, Obrascon, Ferrovial, ACS, OHL, Acciona, Sacir) facturan una cifra aproximada a los 12.000 millones de euros anuales. «Si calculamos que un prudente 15% de la facturación la realizan en esta provincia, tenemos un volumen aproximado de 1.800 millones al año, que podríamos empujar desde la estratosfera de la macroeconomía irreal al mercado real del consumo cotidiano y la creación de empleo en las pymes».
Por ello, Cepyme y su presidente Navarro piden a los asociados no solo que capten y denuncien en esta ventanilla anónima «evidencias» que tengan de incumplimiento flagrante del pago en los 40 días legislados por estas empresas. También les anuncian la petición urgente a todas las Administraciones (Generalitat, Diputación y Ayuntamientos) de que no permitan la contratación de ninguna licitación pública a empresas que no cumplan con esta normativa., que da potestad plena a las patronales para denunciar situaciones de incumplimiento.
Navarro recuerda que el artículo nueve de dicha Ley 3/2004 establece medidas de lucha contra la morosidad al afirmar que «las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de profesionales, de trabajadores autónomos y de agricultores pueden defender los intereses de sus miembros con acciones de cesación y de retracción sobre las condiciones generales de la contratación». También la Cámara de Comercio y los colegios profesionales. Cepyme enviarás las denuncias a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).
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