El Ministerio de Trabajo pierde 1 millón en tres meses por falta de abogados

La falta de medios que sufre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo que se encarga de gestionar y abonar los salarios de tramitación y otras indemnizaciones para los trabajadores afectados por quiebras, insolvencias y concursos de acreedores de empresas, no solo la sufren las plantillas por la dilatación en los plazos en la resolución de expedientes, largamente criticada en los últimos meses por los sindicatos. También la padecen las arcas públicas en forma de gasto innecesario, por no hablar directamente de despilfarro.

De la situación ya advirtió a principios de año un duro informe del Tribunal de Cuentas dado a conocer por el sindicato independiente CSIF y relativo a los ejercicios 2012 y 2013. El organismo fiscalizador de las cuentas públicas habla del posible abono de «prestaciones fraudulentas» y de la «escasa recuperación de deudas». La comisión provincial de seguimiento del Fogasa en Alicante se celebró hace hoy justo una semana y los datos y las explicaciones oficiales apuntan en esa dirección.

Las recuperaciones de dinero por el pago de prestaciones y salarios de tramitación a las plantillas de empresas quebradas se ha reducido nada menos que en un 76% en el primer trimestre del año, como se encarga de advertir la propia patronal Coepa, que, sin embargo, no analiza en profundidad los dígitos. Si entre enero y marzo de 2014 el Fogasa pudo recuperar 1,4 millones en forma de activos de las empresas (maquinaria o naves industriales) mediante el ejercicio de sus letrados ante los jueces de lo Mercantil en los convenios de acreedores o subrogaciones o ante jueces de lo Social, la cifra se ha desplomado a apenas 331.937 euros en el primer trimestre de este año.

El estudio del Tribunal de Cuentas desliza una fácil ecuación: hay pocos abogados en la unidad de Alicante, por lo que a infinidad de juicios no pueden acudir pese a estar personado el Fogasa. Finalmente, no se recupera por otras vías de activos industriales lo que el Ministerio de Trabajo adelanta a las plantillas que se han quedado en la calle y sin prestaciones ni salarios atrasados. El Tribunal refleja que durante 2012 y 2013 los letrados del Fogasa solo pudieron ir al 17% de los 4.807 juicios a los que el organismo fue citado en Alicante.

De todos estos procesos, los tribunales emitieron 1.800 sentencias favorables a los intereses del Fogasa. El organismo advierte de que la asistencia a estos procesos «es un instrumento eficaz para una más eficiente gestión de los recursos públicos». Cuentas afirma en su informe que «la carencia abogados ha supuesto, en determinados casos, que se hayan abonado prestaciones como consecuencia de que el trabajador haya obtenido una sentencia favorable que, en caso de haber existido oposición de los letrados, podría haber sido desfavorable».

«Se quedaron pillados»

Las prestaciones abonadas pasaron en el primer trimestre de 3 a 7,5 millones de euros. El dinero que pagó el Fogasa más que se duplica. Francisco Ruiz, el responsable institucional de UGT en La Marina y delegado en Fogasa, asegura que preguntó en esa reunión por qué crecía tanto el dinero pagado y bajaba tanto la recuperación. «Se quedaron pillados los responsables del Fogasa, aunque uno dijo que aumentaban los pagos por el crédito extraordinario que dio el Gobierno al Fogasa en España para pagar expedientes atrasados con el Plan Greta», explica Ruiz.

De la situación también advierte la secretaria general de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro. «El dinero del Ministerio se esfuma si no te personas». Se refiere a que, en muchos casos, se pagan por duplicado y a la vez prestaciones de garantía salarial y del servicio público estatal de empleo (subsidio de desempleo), en algunos casos de empresas ficticias o con trabajadores que no reúnen los requisitos por no estar de alta en la Seguridad Social.

En 2012 y 2013, los ejercicios a los que se hace referencia en el informe del Tribunal, el Fogasa pagó, para 18.400 trabajadores afectados por procesos de insolvencia o quiebras o concursos de acreedores de 8.640 empresas, unos 119 millones de euros en prestaciones. Un buen pellizco, lo ha dejado perder el Ministerio de Trabajo por no disponer de suficientes abogados.

Navarro recuerda que la externalización del servicio para desatascar miles de expedientes, mediante el pago a la empresa pública Tragsatec de 3 millones de euros, «no ha podido asumir la avalancha; es la estrategia del PP, de deterioro del servicio público para después privatizar, con los daños colaterales que provoca».

El único dato positivo del arranque del año en Alicante desde el punto de vista de afectados por quiebras y concursos de acreedores es que el número de expedientes ha descendido de modo notable al pasar de 1.588 a 953 (-40%). O que se ha pasado de una media de 3 meses en la resolución de éstos a solo un mes y medio, destaca Ruiz, de UGT.