Ortiz se ofreció a la Policía para cooperar en los casos de corrupción

Los encuentros fueron a petición de Enrique Ortiz, en lugares públicos y con su abogado presente. Sin embargo, la Policía no obtuvo demasiada información del empresario investigado en las piezas del 'PGOU' y 'Rabasa' que se desgajan del 'caso Brugal'. No sacaron nada relevante y califican las citas «del todo infructuosas». Así lo refleja el Grupo de Blanqueo de Capitales al instructor del 'caso Rabasa', quien solicitó que los agentes informaran de las reuniones mantenidas con el promotor investigado por tramar una red para sacar beneficio con la tramitación del Plan Parcial, por la vía de la instalación de Ikea y un macrocentro comercial.

El juez encargado de dirigir las pesquisas tras la marcha de Juan Carlos Cerón a la Audiencia Provincial notificó ayer a las partes una batería de diligencias del Juzgado de Instrucción 6 de la capital. Entre ellas destaca el informe remitido por los uniformados al magistrado Daniel Barrientos sobre los encuentros con el supuesto corruptor de la trama 'Brugal' que afecta al Ayuntamiento de Alicante en tiempos de gobierno del PP.

Hubo dos reuniones sobre las que los investigadores dependientes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) informaron tanto a sus superiores como al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y al titular de Instrucción 5 de la capital, detallan. La primera tuvo lugar el 28 de enero de este año entre Ortiz, un letrado y un inspector policial en un establecimiento público que no se llega a especificar.

El magnate puso de manifiesto «de manera reiterada» que se consideraba «una persona inocente», a la vez que indicaba su «total predisposición para colaborar con la Justicia en todo lo que pudiera», como recoge el informe. El responsable policial no pudo más que remitirle a la Fiscalía o a la autoridad judicial competente.

Casi un mes después, Ortiz apareció con su letrado, Francisco Ruiz Marco, en una cafetería de un centro comercial de El Campello en la que citó a los funcionarios de la Policía, en concreto el mismo inspector y el inspector jefe que suscribe el escrito. El imputado manifestó de nuevo la legalidad de sus actuaciones y su intención de cooperar, pero los agentes, quienes defienden su actuación, le ofrecieron «servir como correa transmisora» con Anticorrupción. Si bien no se produjeron nuevos encuentros, los que se celebraron tampoco resultaron demasiado provechosos. «Ni al término de la primera reunión ni de la segunda se llegó a ningún tipo de avance relevante», señalan.

Al margen de estas reuniones, el instructor ha facilitado a las partes la autorización al exconcejal del PSOE de Alicante Blas Bernal en mayo de 2009 para que dispusiera del yate 'Lady Laura'. Se trata de una embarcación de recreo propiedad de la firma Actuaciones Litorales SL, de Enrique Ortiz, y amarrada en un atraque de Ático Iniciativas SL, según informó al juzgado la Marina Deportiva del Puerto de Alicante. Además, entre las diligencias aportadas se recoge la oposición de Esquerra Unida, formación que formuló la denuncia por estos hechos, al sobreseimiento del caso en lo que concierne a los dos responsables del Gobierno socialista que supuestamente maniobraron para que en la tramitación del Plan Rabasa no fuese necesaria la inclusión de un informe acústico.