Un caso que nació vinculado al yihadismo se tambalea tras anularse las escuchas

La Audiencia Provincial acogió ayer un juicio con tintes de película de espías, con sus confidentes y sus presuntos villanos incluidos. En el banquillo de los acusados se sentaban cinco personas (un sexto está huido), relacionadas con la compraventa de un subfusil cuyo último fin sospechaba la Policía Nacional que era atentar contra un magistrado de la Audiencia Nacional o el propio órgano judicial. Por ello, y con los datos que proporcionaba un testigo protegido, se acordó intervenir los teléfonos de los investigados para registrar unas conversaciones que, ahora, ya no podrán usarse, tras anularlas ayer el tribunal que juzga a los procesados.

Además, la conexión con el terrorismo yihadista, con el que los agentes llegaron a vincular al grupo, nunca pudo probarse, como tampoco que los sospechosos anduviesen tras la búsqueda de explosivos, por lo que la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 derivó la causa a los juzgados de Benidorm por un presunto delito de depósito de arma de guerra.

El Ministerio Público pide 8 años de prisión para cada uno de ellos por la operación montada en un piso de l'Alfàs del Pi en marzo de 2006. En la localidad, según sostiene el fiscal, los acusados organizaron varias reuniones en un bar para adquirir el arma y trasladarla al despacho del presunto interesado en hacerse con el subfusil en Madrid, donde los agentes desbarataron la operación y arrestaron a los sospechosos. Sin embargo, el juicio arrancó con la manida cuestión sobre la legitimidad de las escuchas intervenidas por la Unidad Central de Información.

Las defensas tenían pensado solicitar la nulidad de los pinchazos, como así fue por boca de la abogada Ángeles Gutiérrez y a la que se sumaron los letrados Aitor Esteban Gallastegui y Ernest Armada, amén de un Javier Gómez de Liaño venido de Madrid. De prosperar la maniobra, el proceso quedaría abocado a la absolución de sus patrocinados. La Sala entendió que los letrados tenían razón.

El presidente de la Sección Tercera comunicó a las partes la decisión de anular la prueba tras unos minutos de deliberación, aunque fundamentarían dicha determinación por sentencia. No obstante, el magistrado José Daniel Mira-Perceval ya adelantó que la falta de fundamentación de la Policía en la petición al juzgado para vulnerar el secreto de las comunicaciones era el motivo.

Pese a todo, la vista prosiguió, aunque sin poder tener en cuenta lo revelado en las escuchas. Los acusados optaron entonces por no declarar salvo Abdul Al Abrash Ghalyoun, cuyo hermano Ghasoub fue uno de los absueltos en el juicio a la rama española de Al Qaida acusada de atentar contra la Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. El procesado negó cualquier conexión con el subfusil o con querer comprarlo al confidente policial.

El fiscal responsable del caso trató de levantar un procedimiento que se le puso cuesta arriba con la invalidación de las intervenciones telefónicas. Pese a ello, la tesis de la acusación pública se dirigió hacia el hecho de que los investigadores obtuvieron la información gracias al testigo protegido que les puso en alerta, según indicó el inspector de las pesquisas por aquel entonces, que se encontraba en las negociaciones para formalizar la compra y quien vio fotos de un magistrado de la Audiencia Nacional en el despacho de Al Abrash.

Ahora, como comisario en Murcia, el responsable policial no pudo explicar cómo un informe fechado el 13 de enero presentado al Juzgado Central de Instrucción 3 relataba hechos que devendrían en marzo u otras anomalías que las defensas sacaron a relucir durante el operativo que concluyó con las detenciones de los sospechosos.