El Tribunal Supremo ratifica la nulidad del plan parcial de Rabasa en Alicante

El Tribunal Supremo confirma la chapuza que fue el plan parcial Las Lagunas de Rabasa y que en hasta cuatro ocasiones tumbó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Alto Tribunal ha ratificado el primer fallo que dejaba sin efecto los acuerdos adoptados por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante durante los años 2005, 2006, 2008 y 2009 para aprobar definitivamente el plan y entregar a Enrique Ortiz la urbanización de más de 13.000 viviendas en un suelo en el que, además, debe instalarse Ikea y un macrocentro comercial que ahora ha sido frenado.

El Supremo rechaza el recurso de casación interpuesto por la adjudicataria del Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector, Viviendas Sociales del Mediterráneo SL (Visomed), del empresario Enrique Ortiz, contra la sentencia del Tribunal Superior valenciano que echó por tierra por «falta de publicación de la última alternativa técnica». La sentencia aludía también a la «falta de autorización ambiental estratégica» y a la carencia de «disponibilidad de recursos hídricos».

El fallo confirmatorio del Supremo, facilitado ayer por el TSJCV, apunta a que el recurso de la firma del dueño del Hércules se basa en gran parte en los votos particulares de dos magistrados contra la sentencia que tumbó el plan, el 25 de abril de 2013, que dio la razón a Esquerra Unida. Así, el ponente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, José Juan Suay Rincón, desestima cada punto del recurso, salvo dos subapartados.

Si el Tribunal Superior entendió que se vulneró la exigencia de publicidad a nivel europeo por tratarse de obras con presupuesto superior de 200 millones de euros, el Supremo sostiene que no debe ser así, por lo que da la razón al empresario.

Sin embargo, la resolución pone de manifiesto las carencias a la hora de tramitar el ambicioso proyecto, paralizado en su día por el TSJCV y actualmente bajo una investigación penal por sospechas de corrupción política. Pese a que Luis Díaz Alperi impulsó el plan como alcalde del PP, solo su predecesora, Sonia Castedo, junto con parte de la cúpula de Urbanismo que intervino en él, y Ortiz se encuentran imputados por delitos tales como prevaricación y tráfico de influencias.

El Alto Tribunal no concibe la aprobación del programa de actuación integrada (PAI) «con el informe expreso de la Administración hidrológica en contra», como afirma el ponente.