La Policía halla discrepancias en un contrato municipal de Alicante

Un informe policial determina que la oferta del concurso público para adjudicar el suministro de sillas del Ayuntamiento de Alicante recibida por la corporación no coincide con la encontrada en los ordenadores de la empresa concesionaria. El documento elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, incorporado recientemente a la causa que instruye un juzgado de la capital, motivó que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, llamase a comparecer al responsable de la firma beneficiada, Isjoma SL. La acusación pública sostiene que este contrato se fabricó a medida para que la mercantil saliese victoriosa en el concurso.

El adjudicatario de la contrata municipal del Consistorio de Alicante para el suministro y montaje de infraestructuras para actos festivos y culturales, Isidro García, fue interrogado nuevamente ayer como imputado en el juzgado de Instrucción 8 de la ciudad, que indaga sobre esas supuestas irregularidades, según fuentes de la investigación.

El contrato fue adjudicado a la mercantil Isjoma en febrero de 2009 para un plazo de seis años y por un importe cercano a los 4,6 millones de euros. No obstante, el ya exalcalde de Alicante del Partido Popular Miguel Valor renunció hace unos meses a prorrogarlo por otros dos años. Entre los imputados se encuentran dos extécnicos municipales de la más que investigada Concejalía de Atención Urbana, que dirigía Andrés Llorens, de los que destaca el exjefe del área Víctor López.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la oferta presentada por Isjoma al Ayuntamiento fue redactada por los propios funcionarios municipales imputados, hipótesis que sustenta, entre otras pruebas, en una conversación entre el entonces concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, y el empresario denunciante, José Alavés, que fue grabada por este último. De este modo, la firma tendría todas las papeletas para hacerse con el contrato, como así fue.

El representante del Ministerio Público solicitó a comienzos de este año al juzgado que dirige las diligencias rastrear la impresión del 'PDF' con el que la mercantil presentó su oferta para determinar si salió de Isjoma o desde la casa consistorial, como sospecha Anticorrupción.

En el informe, los agentes constatan la existencia de algunas «diferencias» entre ambos documentos, como algunos espacios entre párrafos o «símbolos modificados», por lo que concluyen que el archivo tipo 'PDF' incautado en la sede de adjudicataria «no es el mismo que se utilizó para imprimir la copia presentada en el Ayuntamiento».