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Luis Candela
Jueves, 18 de junio 2015, 01:32
La adjudicación de los telecentros municipales en el año 2009 le ha supuesto al exconcejal de Modernización de Alicante Francisco Sánchez Luna una condena de 2 años y 9 meses de prisión. La Audiencia Provincial de Alicante considera que el medallista olímpico que fue edil en el Ayuntamiento de la ciudad por el Partido Popular es culpable de un delito de cohecho y otro continuado de prevaricación en concurso con un delito de falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante presentó una denuncia a raíz de unas grabaciones aportadas por el padre de otro de los condenados y dueño de la firma adjudicataria del diseño de la cartelería y montaje de los doce telecentros de Alicante. El pasado 24 de febrero se celebró el juicio en la Sección Décima de la Audiencia contra los seis acusados, donde el exregatista negó haberse beneficiado con la adjudicación del contrato. De hecho, aseguró que mientras se producía esa firma, él se encontraba de vacaciones.
La empresa sobre la que recayeron los trabajos tuvo que subcontratar a otra que acabó facturando 10.320 euros a la firma en la que Sánchez Luna figuró como apoderado desde 2006 hasta abril del 2009 sin que llegara a participar de ella, según dijo. Sin embargo, quien aparecía como responsable de Información y Sistemas de Datos SL era el hermano del expolítico del PP, Jacobo Sánchez Luna. El tribunal entiende que este imputado no participó de la fabulación de su hermano con los otros cuatro condenados, por lo que le absuelve de los delitos por los que estaba acusado.
Ambos hermanos se encuentran inmersos, junto a su padre, en otra investigación por supuesto delito fiscal en la compraventa de teléfonos móviles de alta gama.
Al margen de los asuntos pendientes con Hacienda, la magistrada ponente impone al antiguo edil del Consistorio de la capital alicantina sendas multas de 7.500 euros y 2.700 euros y una pena de inhabilitación de 6 años. La misma suerte ha corrido su asesor de confianza en la Concejalía de Modernización de Estructuras Municipales. Pese a que su letrado, José María Orellana, defendía su inocencia, la Sala le impone la misma sanción que a Sánchez Luna.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, incluyó en el entramado corrupto para sacar tajada con la adjudicación de los telecentros al hijo del denunciante, quien deberá cumplir 6 meses de prisión, 3 años de inhabilitación y pagar una multa de 1.250 euros, así como a un socio de Kiko y Jacobo, cuya defensa ejerció Alejandro Baos. Por su parte, la acusada a la que el Ministerio Público le pedía más años de prisión ha sido de las mejor paradas en el fallo. Se trata de la empleada de Sinéresis, mercantil subcontratada para terminar la cartelería de los telecentros y que facturó el dinero a la firma de los Sánchez Luna, defendida por Mari Paz Alarcón. Para ella, la Sala le impone 6 meses de prisión y una multa de 1.080 euros.
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