El juez amplía a la etapa de gobierno de Fabra la investigación de Valmor

La investigación abierta en los tribunales por la celebración de las pruebas de Fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia, y en concreto sobre la empresa Valmor, encargada de su organización, ya salpica a la etapa de Gobierno de Alberto Fabra. Hasta la fecha, la investigación iniciada por el TSJ como consecuencia de una querella de la fiscalía anticorrupción se había acotado a la etapa de Francisco Camps como presidente de la Generalitat. Pero con la pérdida de competencia del tribunal -después de que el expresidente del Consell dejara de ser aforado-, y el salto de la causa a un juzgado de instrucción, ese paréntesis ha volado por los aires.

El juzgado de instrucción número dos de Valencia, sobre el que ha recaído la investigación ha dictado un auto, con fecha de este pasado jueves, por el que incoa diligencias previas «para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos». La querella del ministerio público se dirigió contra el expresidente Camps, la exconsellera Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez Aspar. Y a continuación especifica: «Se admiten los hechos a investigar que figuran en la querella del ministerio público y relativos a hechos posteriores al 19 de julio de 2011, es decir a la absorción y compra por parte de la Sociedad Pública Circuito del Motor de la Mercantil Valmor Sport».

El párrafo certifica que la etapa que ese juzgado va a investigar es también la de Alberto Fabra. Con la denuncia inicial del fiscal, el TSJ la limitó a la gestión de Camps -que ha asumido su propia defensa en este caso-. Pero lo que el juzgado señala ahora son los hechos posteriores a ese 19 de julio, y en concreto, a la compra de Valmor por parte del Circuito del Motor.

La decisión resulta significativa. No tanto porque no estuviera cantada -se daba por hecho que la investigación sobre la Fórmula 1 acabaría salpicando al Consell de Fabra, puesto que fue bajo su mandato cuando se cerró la compra de la mercantil- como porque es la primera vez en la que un tribunal ya remarca que investigará esos hechos.

La compra de Valmor por parte de la administración autonómica se certificó el 9 de diciembre de 2011. En aquella reunión del Consell, constituido en junta general de accionistas de Circuito del Motor, se asumió la compra de la firma organizadora de la Fórmula 1 en Valencia por un euro. Y a partir de aquí se genera la polémica. La fiscalía ha venido sosteniendo que la entonces titular de Turismo, Lola Johnson, no informó a sus compañeros de Gobierno de que la compra implicaba asumir la deuda que arrastraba la sociedad, y que se estima en el entorno de los 40 millones de euros. Paradójicamente, los medios de comunicación ya revelaron por aquellas fechas la delicada situación financiera que arrastraba la mercantil. La investigación sobre este apartado, por lo tanto, se dirigiría a averiguar si aquel Consell -presidido por Alberto Fabra y del que también eran miembros José Císcar e Isabel Bonig- tuvo o no conocimiento de que el acuerdo adoptado, la compra de Valmor, suponía para las arcas públicas asumir un agujero financiero de 40 millones de euros.

El TSJ admitió a trámite el pasado mes de febrero la querella que había presentado Anticorrupción en relación con la organización de la Fórmula 1. La decisión disparó la preocupación en el Palau de la Generalitat, que a pocos meses para el arranque de la campaña electoral asumió que la posibilidad de que un proceso de este tipo terminara salpicando al todavía jefe del Consell constituía toda una amenaza para sus opciones de cara al 24-M. El TSJ asumió la tesis del fiscal, y acotó la investigación a la parte del caso que señalaba a Camps, apartando conscientemente la referida a Fabra. Pero los partidos de la oposición ya dieron por sentado que la investigación judicial terminaría salpicando al actual Consell.

Fabra, en las fechas posteriores, dejó entrever alguna contradicción respecto a si Johnson le había detallado o no las condiciones financieras de la adquisición de Valmor. El fiscal, por contra, señaló en su escrito que la exconsellera había engañado al Ejecutivo al no dar esa información el día del acuerdo. El auto dictado ayer, no obstante, también incorpora diligencias que afectan de plano a la investigación propuesta por el ministerio público, y que se centraba en Camps, Johnson y Aspar. El juez pide a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que estudie posibles contrataciones irregulares.

También pide a la central de blanqueo de capitales de la Udef que lleve a cabo pesquisas sobre las relaciones entre la mercantil Avega con Valmor y Circuito del Motor y la posible adjudicación irregular de este contrato y del resto de contrataciones, informa Europa Press.

Por último, da traslado al fiscal de la solicitud de personación como acusación popular del grupo parlamentario socialista en Les Corts y también acepta los escritos presentados por Francisco Camps y la Fiscalía Anticorrupción reclamando la práctica de varias testificales. La resolución no es firme y cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos fundamentales: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó «ni un euro», en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda del Consell y la Ley de Presupuestos de 2011; la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares «sin asumir ningún derecho».

Declaraciones

Tal y como ya reveló este diario, la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir al TSJ que citara a declarar en calidad de testigos al propio Fabra y a todos los miembros del Consell que dieron el visto bueno a la compra de la empresa Valmor, la organizadora de las pruebas de Fórmula 1. El exvicepresidente José Císcar y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, junto al exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, formaban parte de aquel equipo de gobierno. También se solicitó la declaración del expresidente de Bancaja José Luis Olivas; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el empresario Fernando Roig, hasta 60 testigos.

De hecho, el ministerio público ha reiterado ante el juzgado número 2 estas declaraciones que, en algunos casos afectan a personas aforadas. De esa última circunstancia, y en función de la evolución de la investigación, podría llegar a producirse un nuevo cambio de instancia judicial.