Un juez permite a la Seguridad Social denegar la tarifa plana a autónomos

Un juez de lo Contencioso-Administrativo de Alicante acaba de dictar un fallo en el que otorga a la Tesorería General de la Seguridad Social en Alicante la potestad de denegar la tarifa plana a los autónomos jóvenes menores de 30 años que, como establece la Ley de Emprendedores y de Estímulo del Crecimiento, del Gobierno de España, no hubieran estado de alta en el régimen especial RETA en los últimos cinco años desde la solicitud de su última alta. En un procedimiento abreviado cuya vista se celebró el pasado día 11, el magistrado titular del número 3 de lo Contencioso, José María Aristóteles Magán Perales, admite que la «interpretación restrictiva» de una norma interna de la Seguridad Social no se halla expresamente formulada en la Ley de Emprendedores, pero recuerda que «sí ha sido acogida por la jurisprudencia citada por la Administración».

El primero que alertó de que se estaban denegando «por sistema o a discreción» de la Tesorería de la Seguridad Social en Alicante las bonificaciones de la tarifa plana a este perfil de nuevo autónomo (joven menor de 30 años que, en los últimos cinco años, no ha estado de alta en el régimen especial) fue el portavoz de la Plataforma Emprendedores y Autónomos de la Comunitat Valenciana, Julio Luján.

Esta tarifa plana consiste en el pago mensual de 53 euros en lugar de los 261,83 de media durante los primeros seis meses de actividad, una medida con la que el Gobierno de España pretendía reactivar los pequeños negocios autónomos. Inicialmente, se introdujo en febrero de 2013 con el RD-Ley 4/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. En su primer año de funcionamiento, benefició a 170.000 personas, según dijo entonces la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El Gobierno extendió la tarifa plana a todos los autónomos, independientemente de su edad en septiembre con la Ley de Emprendedores y su Internacionalización.

Pero una orden interna de la Seguridad Social, la Disposición Adicional 35 de la Seguridad social, «se debe interpretar», según el procedimiento abreviado. «Los incentivos previstos por la mencionada disposición establecían como presupuesto de hecho para su aplicación el que se incorporen o causen alta o causen alta inicial en el RETA, aunque la mención al alta inicial hay que interpretarla necesariamente como primera vez». El magistrado alicantino apela a jurisprudencia del TSJ de la Comunidad de Madrid, según la cual «en materia de fomento de empleo y de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social debe regir un principio de interpretación restrictiva». El juez mantiene que se considera alta inicial del jóven de menos de 30 años y sin estar de alta en los cinco años inmediatamente anteriores la que no prevé para una misma persona de este supuesto dos bonificaciones distintas sucesivas, máxime cuando el legislador pretende que sean alternativa. «Tanto unas como otras bonificaciones se aplican por una sola vez, es decir la DA35 de la Tesorería permite optar por uno u otro beneficio, pero no concatenar dos deducciones distintas o una misma replicada en el tiempo», explica el juez.

Perjuicio para miles

Julio Luján, de la Plataforma de Autónomos, se lamenta de que el fallo va a perjudicar a miles de jóvenes autónomos que ya estuvieron en 2005 o 2006 de alta y percibieron alguna bonificación y que ahora, como contempla la Ley de Emprendedores del Gobierno, también la podrían percibir. «La demandante, llamada ángela, ha pagado 1.400 euros por la demanda y está condenada al pago de las costas procesales», critica Luján. Estas costas tiene un coste de 3.451 euros, según el fallo del juez. Además, esta autónoma ha pagado 261,83 euros en lugar los 50 prometidos y publicitados por el Ejecutivo central en los últimos meses, hasta que el juez ha fallado.

La Plataforma Emprendedores y Autónomos de la Comunitat Valenciana, que se mostró especialmente beligerante con la Conselleria de Empleo ante el impago de la ayuda de 3.000 euros del FSE a unos 6.000 autónomos que salían de la lista del paro, critica que «se trata de otra mentira más del Gobierno, que con la tarifa plana quiere reducir las listas del desempleo a toda costa y así maquillar las estadísticas». En breve pueden dictarse más fallos en este mismo sentido tras la presentación de decenas de demandas.