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Mesa presidencial de Cierval, ayer en IFA, con González, Navarro y Jiménez.

La patronal pide a los empresarios que lleven al juez todo intento de mordida de un político

Cierval, que ayer celebró su asamblea anual en IFA, tiende la mano al nuevo Consell, aunque le avisa de que puede «sacar a la calle a 300.000 personas» si sigue la infrafinanciación estatal

Bernat Sirvent

Miércoles, 24 de junio 2015, 01:41

«Si alguien, un político, propone a un empresario una mordida que diga que no y que lo denuncie ante el juez; con estas cosas no se puede jugar, nos jugamos algo muy serio, pues lo de menos es que una obra cueste un 3% más o no se qué, lo importante es lo que produce después en la sociedad y es una desmoralización absoluta, y no se pueden tener contemplaciones». Así de contundente se mostró ayer, a preguntas de este diario, el presidente de la patronal regional Cierval, José Vicente González, tras la asamblea anual celebrada en IFA y tras hacer alusión a este problema, presente durante toda la pasada campaña electoral, en su propio discurso ante apenas una cuarentena de los casi doscientos empresarios que acudieron a la cita.

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«Habrá que decir no si se piensa que por no dar la mordida no me van a adjudicar el contrato y que los jueces digan lo que tengan que decir y rapidito, que éste es otro de los problemas que tenemos en España», añadió González, quien endurece su discurso sobre la corrupción tras introducir un elemento nuevo: el de la propia clase empresarial. Este cambio de rumbo se produce apenas un mes después de que la asamblea de Cepyme Alicante, la más crítica hasta ahora con los escándalos políticos y empresariales, anunciara la apertura de una oficina de denuncias anónimas para casos de presunta corrupción, fraude fiscal y economía sumergida sospechados.

González metió la polémica de la corrupción en su intervención para referirse al nuevo Consell que presidirá el domingo Ximo Puig, al que felicitó anticipadamente y al que pidió estabilidad, que sea predecible y que muestre unidad «y no una simple puesta en paralelo de diferentes consellerias». Cierval tendió la mano de modo firme al bipartito liderado por Puig y Mónica Oltra. «Vamos a ayudar al nuevo Gobierno valenciano y le pedimos que se deje ayudar, pero la lealtad no significa sumisión», apostilló.

Por eso, a renglón seguido, advirtió, con la amenaza expresa de «sacar a la calle a 300.000 personas si es necesario para reclamar lo justo», de que el nuevo Consell tiene que resolver asuntos urgentes «pese a no depender solo de su voluntad». A saber, la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana (aunque el sistema lo decide el Ministerio de Hacienda); la parte de deuda originada por esa financiación baja respecto al PIB; el Corredor Mediterráneo; el AVE de Alicante a Castellón; y la escasez de recursos hídricos, especialmente en Alicante. Preguntado por la fecha de esas movilizaciones, no las precisó al alegar que «no tenemos aún ni Consell, pero no nos vamos a conformar, ya está bien, ya está bien», abundó González. Califica de «tonto» marcarse tiempos ahora, «porque se va a generar tensión con las elecciones de septiembre en Cataluña y las generales en noviembre». Cierval quiere un «intermediario claro» en España.

También al nuevo Ejecutivo de Puig le pide Cierval estrechar más el gasto corriente y aumentar la inversión, impulsar la innovación e internacionalización de las pymes y lograr el 20% el PIB industrial en 2020. González profundizó sobre el nuevo bipartito con el apoyo de Podemos. «Es inédito en la Comunitat Valenciana, aunque bastante normal en muchos países europeos, pero habrá que acostumbrarse a los gobiernos de coalición», remachó González. También indicó ante un posible cambio de escenario político en España y, tras apuntar que «los empresarios tenemos un papel relevante en la solución de la crisis, haciendo lo mejor que sabemos hacer que es crear empleo», que «los nuevos partidos todavía no lo tienen claro, por eso nuestra función será estar ahí para recordarlo, pues sin empresas no hay empleo, sin empleo hay problemas sociales y éstos problemas los pagamos todos», sentenció González.

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