El Puerto finiquita la Fundación y despide a sus cinco empleados

La Fundación Puerto de Alicante llega hoy a su fin. El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Ferrer Marsal, tiene previsto elevar la propuesta de extinción de la Fundación Puerto Alicante de la Comunidad Valenciana a la Junta Rectora y al Patronato de dicho organismo dependiente, creado en la época del expresidente, exconseller de Infraestructuras y ahora diputado del PP Mario Flores. Uno de sus objetivos era realizar acciones de promoción y estudios para mejorar la competitividad del Puerto y las industrias vinculadas, como todavía refleja su página web. Pero también sirvió para dar empleo a personas relacionadas políticamente con el máximo mandatario portuario del momento (Flores, Miguel Campoy y, por último, José Joaquín Ripoll). De hecho, su directora general actual, que será despedida en los próximos días junto a los cuatro empleados que todavía permanecían en la Fundación, es Mari Carmen Jiménez, la que fuera vicepresidenta de la Diputación provincial con el expresidente Ripoll.

La propuesta que hoy dará a conocer Ferrer Marsal tendrá que ser ratificada por la Junta Rectora y el Patronato, que también se reúnen. No está previsto que se produzca ningún contratiempo. Aunque podría estar justificada por motivos economicistas y de ahorro, fuentes del Puerto indican a este diario que la supresión «emana» de una normativa nueva que afecta al organismo nacional Puertos del Estado, por la que se disolverán más Fundaciones en otros tantos puertos españoles. Además, desde el Puerto que dirige Juan Ferrer (el cual sucedió a Ripoll tras cesarlo Alberto Fabra a finales del pasado año en su aplicación de la famosa línea roja contra la corrupción) también desvinculan esta supresión con la reciente denuncia presentada por la plana mayor de Compromís per Alacant ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial.

Esa denuncia, que fue admitida a trámite por el fiscal Felipe Briones, fue registrada en plena campaña electoral. Concretamente, el 15 de mayo por los ahora ediles Natxo Bellido, Sonia Tirado y María Jesús Espuch, junto al diputado nacional Joan Baldoví y el profesor de Derecho Constitucional y último de la lista municipal Manuel Alcaraz.

La denuncia tiene por objeto averiguar si hubo anomalías en la relación Puerto-Fundación del Puerto, como han puesto de manifiesto las distintas auditorías de la Intervención General del Estado a través de su unidad territorial en los ejercicios de 2010, 2011, 2012 e incluso 2013, según la versión de Bellido. «Hay una clara disfunción entre los objetivos para los que se concibió la Fundación», criticó el poravoz de esta formación, Natxo Bellido.

Compromís pone el foco en la supuesta vulneración de la legislación laboral o la duplicidad de gastos en servicios que realiza la Fundación cuando en realidad podría hacerlos el propio Puerto, según Bellido, quien pidió el cierre urgente del ente.