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Luis Candela
Sábado, 27 de junio 2015, 00:45
El juez que dirige las pesquisas sobre las supuestas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Manrique Tejada, ha ofrecido al Ayuntamiento de la ciudad personarse en la investigación como perjudicado para ejercitar acciones civiles o penales, según informaron fuentes próximas al caso.
El titular del juzgado de Instrucción 5 alicantino adopta esta decisión al comprobar que la Audiencia Provincial acordó una medida similar en otra ramificación del denominado 'caso Brugal', del que se desgaja esta pieza de la capital alicantina, referida a la contrata de basuras en Orihuela y su comarca.
En estas diligencias están personadas como acusaciones populares tanto Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) como el PSPV-PSOE, que han pasado de la oposición a integrar un gobierno de coalición tripartito junto a Compromís tras las últimas elecciones municipales.
En la causa están imputadas por delitos como los de cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias una veintena de personas, entre las que destacan los exalcaldes de Alicante por el PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, el constructor Enrique Ortiz, el redactor del Plan al que ya ha renunciado el consistorio, Jesús Quesada, varios empresarios y exdirectivos de las cajas ya desaparecidas Bancaixa y CAM.
Diversos informes policiales apuntan a la connivencia de Castedo, que también ocupó la concejalía de Urbanismo, y Díaz Alperi con Ortiz para favorecer sus intereses con el nuevo PGOU, aunque el Ayuntamiento no ha expresado hasta ahora su intención de personarse en el procedimiento ni el juzgado se lo había ofrecido.
Según las fuentes consultadas, el magistrado Tejada, que se encarga de finalizar la instrucción tras la vuelta del caso a los juzgados de la ciudad, ha resuelto ahora ofrecer a la corporación municipal el ofrecimiento de acciones en la causa al entender que sus intereses se podían haber visto afectados por los presuntos delitos cometidos por los imputados.
El Ayuntamiento, dirigido ahora por el socialista Gabriel Echávarri, y en el que participan también la coalición Guanyar Alacant y Compromís, deberá decidir si se persona en la causa para reclamar responsabilidades civiles únicamente o ejerce la acusación particular.
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