El fiscal pide nueve años de cárcel para Ferrando por los contratos de Fitur

La exconcejal popular de Orihuela y ahora de Foro Demócrata no ha tenido buen inicio de legislatura porque seguirá arrastrando el caso 'Fitur' durante los próximos meses. El fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, ha remitido a la titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela sus conclusiones de acusación en la causa que sigue contra ella por presunto fraccionamiento de contratos en la adjudicación de diversos expositores y material promocional durante su etapa como responsable de la Concejalía de Turismo de Orihuela entre los años 2007 y 2011.

El Ministerio Público ha solicitado, una vez que la magistrada decretase en mayo la apertura de juicio oral, una pena de nueve años de cárcel por entender como probada la prevaricación de Ferrando al haber hecho un fraccionamiento para eludir la legislación que rige los procedimientos administrativos. Asimismo pide para los responsables de las mercantiles que resultaron beneficiarios penas que oscilan entre un año y seis meses y dos años.

El fiscal recuerda en su petición que la acusada «en ningún momento instó, tal y como era su obligación, de los servicios de contratación del Consistorio que se iniciara el correspondiente expediente a fin de adjudicar conforme a derecho el servicio, previa tramitación del procedimiento legalmente establecido, que siempre debería de garantizar la publicidad y concurrencia de postores a la vista de la cuantía del mismo».

Prosigue el titular de Anticorrupción que «al contrario, actuando en connivencia con el resto de acusados, procedió a fraccionar el objeto del servicio en cuestión, la instalación y montajes de los expositores, dividiendo el precio de una misma prestación en diversas facturas expedidas por, siempre en apariencia, diferentes mercantiles que se encontraban relacionadas entre si». El fiscal insiste en que estas empresas «constituían un mismo grupo empresarial» y que además ese fraccionamiento se hizo por precio «considerando individualmente cada una de las mismas como ligeramente inferior al establecido en la legislación de contratación administrativa», esto es, 18.000 euros excluyendo el IVA «lo que permitiría su adjudicación directa como contrato menor de servicios».

Para la Fiscalía tanto Ferrando como los empresarios «actuaron concertadamente y contravenían de forma consciente y radical los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la libre competencia y la selección de la oferta más económicamente ventajosa».

A este respecto entiende «que se actuó de forma arbitraria en la adjudicación ante la falta de expediente no se emitía informe alguno sobre la valoración de los servicios a realizar, dejando estos a discrecionalidad de la acusada, quien de acuerdo con los representantes de la empresas los asignaba a precio notablemente superior al de mercado para defraudar a la administración que representaba, produciendo el enriquecimiento de los empresarios tras ser aprobado el pago por la Junta de Gobierno tras ser propuesto por la acusada».

El fiscal dice que «este patrón de conducta se repitió en todos esos años y describe al detalle todo el proceso de adjudicación de los servicios y que las pruebas periciales han indicado que el coste era menor por lo que a Ferrando y a los empresarios les pide no solo la pena de cárcel ya que también que indemnicen al Ayuntamiento con casi 150.000 euros.

Esta acusación no es la única del fiscal contra la exresponsable de Turismo ya que también insta a la magistrada a que indague la contratación por parte del Consistorio con su empresa de servicios y protocolo de la que fue administradora entre febrero y agosto del 2007, y que esta centró principalmente su actividad en la organización de la feria Sentidos Divinos por lo que percibió casi 98.000 euros. Asimismo hace constar que las facturas contaron con el reparo de Intervención porque tampoco se cumplió con la Ley de Contratos al no haber expediente y que creó su mercantil antes de ser concejal con la única finalidad de que se adjudicara el servicio.