El Consell obliga a restaurar miles de metros tras una gran roturación agrícola en Agost

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (denominación que tenía con el anterior Consell bajo la dirección de su titular, Isabel Bonig) ha obligado a una empresa agrícola que ha realizado una enorme roturación de terrenos cultivados y forestales en un paraje de Agost a restaurar miles de metros cuadrados dentro de una explotación de granados de casi doscientas hectáreas (dos millones de metros).

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el lunes una resolución del 1 de junio suscrita por el hasta hace unos días director general de Evaluación Ambiental y Territorial, Juan Giner Corell, que recoge la declaración de impacto ambiental de esta vasta explotación agrícola situada en los términos de Agost y Petrer, a los pies del Maigmó y muy cerca de la vía verde (Plà de Aceituna y Cascarràs).

La extensa declaración de impacto ambiental se publica, así, dos años y medio después de que se iniciaran los trabajos de roturación con maquinaria pesada y de que, en febrero del año 2013, se personaran agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y también agentes medioambientales y levantaran acta antes de presentar denuncia ante los servicios territoriales de Medio Ambiente. Según ha sabido este diario de fuentes de la Conselleria y del Ayuntamiento de Agost, los trabajos llegaron a interrumpirse durante un mes por la dirección provincial de la Conselleria, a cuyo frente estaba entonces Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y actual diputada autonómica.

La declaración ahora publicada se dirige a la empresa promotora, Singular Fruit Company, y describe las «restauraciones» o «compensaciones» que tiene que hacer en las 162,72 hectáreas (superficie regable de 145) tras un movimiento de tierras de 222.715 metros cúbicos en desmonte y 224.885 metros cúbicos en terraplén.

Los técnicos de la Conselleria ponen el foco en el «impacto crítico» que se ha producido en la «afección a un cauce hídrico por haber colmatado una zona de escorrentía natural de aproximadamente seis metros de profundidad sin haber habilitado medidas correctoras que aseguren el normal discurrir de las aguas, alterando el funcionamiento hidrológico de la zona». Añade que «l impacto puede ser corregido mediante la aplicación de medidas de restauración». También habla de afección a la vegetación forestal.

La zona forestal incluida en la explotación según Patfor es de 70 hectáreas de las que 25 nunca habían sido cultivadas. «La dificultad orográfica de la zona surcada por profundos barrancos y zonas de escorrentía natural ha preservado esta zona de las sucesivas intervenciones humanas conformando un entorno forestal con arbolado de especial valor dadas las características de aridez del entorno. Solo este hecho debería haber llevado a la reflexión sobre la transformación de un terreno así, con vegetación de valor dada la aridez del clima y la importancia de la red secundaria de barrancos, donde no se ha valorado adecuadamente el riesgo de erosión».

También pide la empresa que «disminuya el impacto causado a niveles aceptables mediante la habilitación de medidas compensatorias» al referirse a los terrenos forestales. Seprona y agentes medioambientales advirtieron del arranque de ejemplares centenarios de pinos y vegetación arbustiva. «Dado que la zona no ha estado nunca cultivada y presenta riesgo grave de erosión, forma parte de la red de escorrentías de la zona, contribuye a conservar la diversidad paisajística y la biodiversidad, el impacto generado se puede calificar de moderado a crítico no considerándose aceptable la eliminación de la totalidad de la zona forestal». El Consell exige a la compañía presentar un proyecto de medidas correctoras antes de seis meses y le dice que, ante este dictamen, no cabe recurso. Este diario ha tratado por todos los medios de conocer, sin éxito, la versión del promotor. El nuevo alcalde de Agost, Juan Cuenca, del PSOE, dice que desconoce la resolución de la Conselleria, que llega dos años y medio después de empezar la obra y con unos 30.000 granados ya en cultivo.