Eva María Lahoz
Martes, 7 de julio 2015, 01:11
Tras muchos meses de silencio, Ikea ha movido ficha. La multinacional solicitó ayer una reunión con el alcalde, Gabriel Echávarri, para abordar su instalación en Alicante. Un encuentro que tendrá lugar la próxima semana, aunque la fecha está todavía por concretar «a falta de coordinar agendas», según manifestaron ayer desde el equipo de gobierno.
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En él, el tripartito planteará a Ikea la posibilidad de instalarse en terrenos alternativos a Rabasa donde, defienden, podría instalarse «en un corto periodo de tiempo», sin las complicaciones vinculadas al sector que quiere urbanizar el empresario Enrique Ortiz, con sus socios de Alicante Avanza, en Rabasa.
La solicitud de reunión con el Ayuntamiento por parte de Ikea llega después de que el Consell anunciase la semana pasada que ha iniciado los trámites para paralizar el proyecto urbanístico en el que hasta ahora se inscribía la llegada de la tienda sueca, la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Rabasa. Y también después de haber rechazado en varias ocasiones los intentos del exalcalde del PP, Miguel Valor, por conseguir una reunión con los suecos.
Estarán presentes en el encuentro, además de Echávarri, los líderes de las otras dos formaciones que integran, junto a los socialistas, el tripartito de gobierno: el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, y el portavoz, Natxo Bellido, de Compromís.
Ayer, estos dos últimos explicaron que acudirán a la reunión «dispuestos a escuchar» lo que propone Ikea y con «espíritu limpio y constructivo» porque tienen interés en que se instale la tienda en la ciudad. Pero dejaron claro que no van a permitir que se desarrolle en Alicante el macroproyecto comercial que propone la ATE porque «no es asumible, ni para el Ayuntamiento ni para la ciudadanía», zanjaron.
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Así, su objetivo principal, dicen, es que la ATE se suspenda definitivamente para, a partir de entonces, volver a negociar con Ikea su instalación en la ciudad. Es en este punto en el que entraría en escena un posible cambio de ubicación de la multinacional. Pavón explicó que en estos momentos existe en la ciudad multitud de suelo terciario disponible «si lo que se quiere instalar es una tienda, no un macrocentro comercial».
Puso como ejemplo terrenos en Las Atalayas o en el entorno de Mercalicante y apuntó que se lo ofrecerán a Ikea, convencidos de que estas alternativas «facilitarían su llegada en un corto periodo de tiempo». Algo que es inviable en estos momentos en Rabasa, ya que todo apunta a que pueden pasar años hasta que se resuelva la compleja situación del sector. «Hay que recordar que incialmente se pensaba instalar en el PAU 1», señaló Pavón.
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Aunque ayer evitaron posicionarse acerca de cuáles serán sus líneas rojas en la negociación, a excepción del rechazo al macrocentro comercial vinculado, sí que dejaron entrever, por primera vez, que sí podrían admitir uno de menor tamaño, como el que se contempla, pusieron como ejemplo, «en Paterna». Tras conocer que se retomarán las negociaciones con Ikea, el Colectivo de Comerciantes por Alicante pidió al Ayuntamiento que les permita participar en las mismas y reiteró que están a favor de «nuevas inversiones» pero «no a costa del pequeño comercio».
El PP: «No han parado la ATE»
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Castillo, resaltó la «contradicción de los mensajes que el nuevo equipo de gobierno está queriendo trasladar, la primera de ellas es que sus palabras de que han paralizado la ATE no se ajustan a la realidad».
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Castillo explicó que «en estos momentos no se ha materializado ningún acto administrativo que se derive del anuncio del gobierno tripartito de esta ciudad, de retirar la ATE impulsada por el anterior Gobierno del Partido Popular en la Generalitat Valenciana».
Añadió que para paralizar la ATE haría falta uno de los siguientes supuestos: «Uno sería que el promotor, es decir, Alicante Avanza, desistiera del mismo. Algo que no ha sucedido, ya que ha pedido que continúe la tramitación. Y el siguiente supuesto sería que la ATE fuera suspendida por un juez, algo que también ha sido desestimado. Por tanto, si los únicos que pueden paralizar la ATE son el promotor y el juez, consideramos que el mensaje debe ser muy claro», por lo que acusó al equipo de gobierno de actuar «de manera frívola e irresponsable» en este asunto.
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