El Ayuntamiento da marcha atrás en la ampliación del vertedero

El Ayuntamiento de Alicante no contempla la ampliación de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent en la presente legislatura. El concejal de Medio Ambiente, Limpieza, Residuos y Zonas Verdes, Víctor Domínguez, señaló ayer que su intención es «paralizar» el polémico proyecto de ampliación del vertedero con una quinta celda, promovido por el PP mientras gobernaba la ciudad y la Comunitat.

El edil de Guanyar recordó que EU, formación de la que procede, y Ecologistas en Acción recurrieron en la pasada legislatura este proyecto, que prevé ampliar la capacidad del vertedero en un 50%, al pasar de 3,15 a 4,64 millones de toneladas, mediante la excavación de una quinta celda, mucho más grande de las que actualmente existen.

En concreto, recurrieron la resolución de marzo de 2012 de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se concedió a la empresa Inusa, participada por el empresario Enrique Ortiz, la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para dicha ampliación, por entender que al concesión estuvo «rodeada de graves incumplimientos de la normativa vigente».

El mismo espíritu es el que mantiene ahora Domínguez desde su puesto de concejal, por lo que estima que esta ampliación no debe llevarse a cabo.

Además, entiende que «una quinta celda no será necesaria cuando se reduzca el volumen de residuos que se tratan en la planta y se incremente el reciclaje, que ahora está por debajo de lo que establece la normativa».

La reducción del volumen de residuos tratados prevé conseguirla con el cierre de la planta a las basuras de otros municipios, prevista, como informó este diario, para 2016.

En septiembre vencen las obligaciones al respecto y la intención del Ayuntamiento es que se pueda cerrar Fontcalent a residuos foráneos en 2016, con el nuevo presupuesto y después de recabar «los informes jurídicos y económicos pertinentes» para poder hacer frente al agujero de más de cinco millones que dejará esta decisión en las arcas municipales.

Hay que recordar que en el pliego de condiciones de la actual contrata de limpieza y tratamiento de residuos contempla la obligación de la UTE Alicante, la adjudicataria, de reservar el suelo para la quinta celda e incluso la construcción de la misma si fuese necesaria durante el periodo de vigencia de dicha contrata, es decir, 12 años a contar desde 2013.

Ello pese a que calculaban una vida útil a la planta, sin ampliar, de 37 años, que se reduciría a la mitad si se tiene en cuenta que se recibe actualmente el doble de basura, por la apertura a otros municipios.

Apoyo de San Vicente

Desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, gobernado por un cuatripartito integrado por PSOE, Guanyar Sant Vicent, Sí Se Puede y Compromís, mostraron ayer su apoyo al de Alicante en su decisión de prohibir la entrada de residuos foráneos a Fontcalent.

La edil de Medio Ambiente, Nuria Pascual, que se reunió ayer con Domínguez para coordinar políticas en este área, resaltó que «no tiene sentido que tengan que transportarse los residuos desde Valencia a Alicante, ni tampoco que los de San Vicente tengan que ir hasta Xixona teniendo la planta al lado», por lo que abogó por pedir al Consell, que también ha cambiado de signo político, «una redistribución» más adecuada de los planes zonales de residuos.

Pascual explicó que en San Vicente hay «una protesta generalizada» de los vecinos por el «mal olor vinculado a la planta de residuos y a la cementera». Quejas que se acentúan con el verano y que consideró un «problema urgente» que Alicante y su municipio deben abordar para encontrar una solución.

Por otro lado, Domínguez informó de que se ha reunido con la UTE Alicante para abordar vías de mejora de la limpieza viaria, una de las principales quejas de los ciudadanos y que ha observado «buena voluntad» por su parte.

El concejal aseguró que «ha habido una mejora del servicio en las últimas semanas» y reiteró que se intensificarán los controles.