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Cristóbal Navarro Sáez. :: a. d.

Cepyme pide al nuevo Consell que derogue la Ley de Participación

La junta directiva de las pequeñas empresas alicantinas llevará su expulsión de Coepa al Tribunal de Defensa de Derechos Humanos

Bernat Sirvent

Viernes, 10 de julio 2015, 00:48

La junta directiva de la patronal de pymes Cepyme Alicante, celebrada ayer, decidió solicitar en breve al Gobierno valenciano la derogación de la Ley de Participación Institucional de les Corts, que se halla en plena tramitación para aprobar un reglamento que la desarrolle tras su aprobación por el anterior Consell. Cepyme rechaza de la nueva ley que solo considere interlocutor a las patronales con rango autonómico, lo que califica de discriminación para las provinciales como esta patronal. Además, cree que esta ley «compra la paz social al precio de anular a los agentes sociales y, en particular, a los que representando a las más pequeñas empresas no tengan ni siquiera representación en las instituciones».

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Además, el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, fue ayer respaldado por su junta en valorar que con esa ley «se rescata a unas organizaciones que, al menos en algunos casos, no han efectuado el debido ejercicio de evitar los gastos superfluos e injustificados y prosiguen en caída libre como agujeros negros tragando recursos públicos».

Y añade que «las asignaciones a los agentes sociales se establecen sobre cuentas ya cerradas, que el propio Gobierno actual sospecha que no recogen la imagen fiel de la situación de las arcas públicas. Lógicamente, si las cuentas no son reales, las asignaciones no pueden derivarse de dichas cuentas incorrectas». Además, Cepyme critica que «los secretarios de las patronales de la Comunitat cobran más que el conseller que autoriza la retribución». Recuerda que Compromís se abstuvo en les Corts. En la asamblea de Cierval celebrada en IFA hace dos semanas, su presidente José Vicente González aludió a esta ley y dijo que «por fin se nos reconoce algo que estaba ne la Constitución del 78». Además, Cepyme llevará al Tribunal de Defensa de Derechos Humanos de la UE su expulsión estatutaria reciente de Coepa. La entidad que preside Navarro afirma que «el derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial en la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios el hombre está condenado a la opresión», añade. Tras recordar que «no tenemos color político», Cepyme tiende la mano a todos los gobiernos tripartitos «si demuestran preocupación real por el empleo, la pyme y la recuperación económica real, no la de la macroeconomía». Apela a su representatividad y pide al Ayuntamiento que rescate el polémico centro de oficios de Babel.

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