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EFE
Miércoles, 15 de julio 2015, 01:35
La Guardia Civil ha detenido a 22 personas e inculpado a 851 por gestionar y obtener, sin pasar la formación necesaria, titulaciones falsas náuticas para manejar embarcaciones de recreo de hasta 24 metros de eslora, en una operación que se ha desarrollado en 31 provincias españolas, entre ellas Alicante.
Esta no es la primera operación que se desarrolla en España para acabar con esta práctica, aunque «con mucha diferencia» es la mayor llevada a cabo hasta ahora y, por el número de detenidos y de provincias afectadas, pone en evidencia que el fraude en la obtención de estos títulos, «si no generalizado» al menos no es infrecuente, según fuentes de la investigación.
La operación se inició en octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil de Cádiz tuvo conocimiento de que una persona relacionada con el mundo náutico proporcionaba títulos como patrón de yate, de embarcación de recreo y de patrón de navegación básica, previo pago de cierta cantidad de dinero y sin que los interesados se tuvieran que examinar.
Las investigaciones para llevar a cabo la operación 'Sextante' se han extendido por las consejerías de agricultura, pesca y alimentación de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, País Vasco, Asturias y Galicia, así como las de Ceuta y Melilla, la Capitanía Marítima, la Federación Española de Motonáutica, la Federación Española de Vela y la Federación Andaluza de Vela, cuyo anterior presidente es una de las personas detenidas. Con estas pesquisas los agentes comprobaron con distintas administraciones autonómicas que había irregularidades en gran cantidad de titulaciones y llevaron a cabo las detenciones e imputaciones, más de la mitad de ellas en la provincia de Cádiz.
Las irregularidades iban desde personas que, previo pago, recibían un sobre cerrado con el título y la documentación sin haberse presentado siquiera a las pruebas, o aquellas que recibía la plantilla de examen y la hoja autocopiable con las respuestas correctas.
En el análisis y cruce de datos se ha podido comprobar que existían personas que formaban parte de varios tribunales examinadores en la misma fecha y casi a la misma hora en dos o más provincias.
Según la Guardia Civil se ha podido constatar que algunas de las personas que componían estos tribunales habían sido coaccionadas por los presidentes de las federaciones para que accedieran al fraude y así poder conservar su empleo.
Entre los detenidos está también una persona que bajo la apariencia de hacer una colaboración altruista con Protección Civil del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) facturó unos 9.000 euros en al menos tres ocasiones al consistorio por unos gastos de formación, derechos de examen, alquiler de local y prácticas a los voluntarios de este servicio municipal.
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