El Consell anuncia otro plan de choque para mejorar la Justicia sin plazos ni presupuesto

«Hemos pedido un informe de la situación de todos los juzgados de la Comunitat y vamos a establecer un plan de choque». Así lo anunciaba ayer la nueva consellera de Justicia, Gabriela Bravo, aunque no precisó el calendario de actuaciones ni la dotación presupuestaria que se destinará a corregir la «deficiente situación de una gran parte de los edificios judiciales de la Comunitat»; en relación a las averías del aire acondicionado que sufre la Ciudad de la Justicia o la presencia de pulgas en los juzgados.

Tras mantener una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), Pilar de la Oliva; y las vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mar Cabrejas y Carmen Llombart, destacó que al nuevo Gobierno autonómico le preocupa la salud «de todo el personal que presta sus funciones en el ámbito de la Administración de Justicia», por lo que «no podemos tolerar que la ley de prevención de riesgos laborales no se cumpla en este colectivo».

Sin embargo, reconoció que no podía anunciar, «dada la situación económica», al creación de nuevas sedes judiciales, «pero sí me puedo comprometer a la mejora de estas sedes y al menos garantizar las mínimas condiciones para que se lleve a cabo el trabajo como garantiza la Constitución». Así, concretó que el Consell está elaborando «una especie de auditoría interna para saber cuál es la situación para elaborar un plan de choque, que se activará en cuanto tengamos el diagnóstico de todos los juzgados, y de cara a la elaboración de los nuevos presupuestos, que confío que podamos incrementar la dotación, aunque sólo sea para garantizar unas mejores condiciones».

En esta línea, Bravo explicó que el nuevo Gobierno ha valorado también la posibilidad de recuperar «parte, aunque sea de forma progresiva, de aquellos 15 juzgados que en 2010 la Generalitat renunció a su puesta en marcha». Sin embargo, admitió la existencia de «dificultades» para crear nuevos juzgados, por lo que «vamos a buscar fórmulas y a reunirnos con el ministerio para que, aunque no podamos poner en marcha esos 15 juzgados, si de forma progresiva contar con ese potencial, con ese colectivo tan importante, porque la Comunitat lo necesita».

La consellera insistió en que, en la actualidad, se está diagnosticando «cuáles son los juzgados que mayores carencias tienen en este momento, aquellos que están en una situación de mayor colapso o por circunstancias coyunturales necesitan ahora un mayor refuerzo», pero «hay que tener en cuenta la disponibilidad de la dotación y de infraestructuras, porque no estamos en un momento de anunciar la creación sin más de juzgados».

Como alternativa, la consellera baraja la creación de «juzgados bises, de refuerzos o incluso de servicios comunes o de la puesta en marcha de la oficina judicial». «Podemos avanzar hacia fórmulas donde rentabilicemos nuestros recursos y podamos ofrecer un mejor servicio».

Otra de las cuestiones que preocupa a Bravo, es la situación del gabinete psicosocial de Valencia, encargado, entre otras cuestiones, de emitir informes cuando hay menores implicados en casos de divorcios o rupturas de los progenitores. Al respecto, recordó que este gabinete presenta «una grave deficiencia en materia de personal, y ello redunda negativamente en los plazos que tienen para emitir los informes».

«En materia de menores, el tiempo es fundamental», advirtió, por lo que, ejemplificó, «el informe que se solicita en mayo de 2014 no puede dar traslado a las partes seis meses después porque la situación de la familia y el menor habrá cambiado. Se corre el riesgo de adoptar decisiones sobre un contexto que ya no es el real. Lo ideal es que en menos de un mes esos informes estén a disposición de los juzgados, mientras que ahora los que nos son urgentes tardan nueve meses, pero si son situaciones de urgencia tardan entre uno de tres meses. Hay que reducir esos plazos».

Al respecto, la consellera anunció que se mantendrá en las próximas semanas una reunión con los representantes del citado gabinete para analizar sus necesidades. «Y sin olvidar la grave situación por la que están atravesando los juzgados de las distintas provincias porque, de no tener, no tienen ni gabinete psicosocial».

Por último, mencionó los «graves problemas que en esta comunidad tiene la justicia gratuita», por lo que abogó por contar con «profesionales motivados, bien retribuidos, especializados y bien formados», especialistas que «van a tener en la conselleria el apoyo necesario para garantizar este derecho fundamental».