El Ayuntamiento se persona como acusación particular en el 'caso PGOU'

El Ayuntamiento de Alicante recogió el guante lanzado por el instructor del llamado 'caso PGOU', Manrique Tejada, y se presentó ayer en el juzgado como acusación particular por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana que gestaron en su día los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en presunta connivencia con todo un entramado de personas afines para supuestamente beneficiar al empresario Enrique Ortiz.

El cambio de gobierno en la corporación municipal ha hecho virar el rumbo de la posición mantenida hasta ahora en las diligencias abiertas por un caso en el que están imputados los exregidores del PP, así como el hermano de Castedo y su socio en el despacho Salvetti, o el exredactor del Plan General, Jesús Quesada, entre otros. Se trata de una de las investigaciones más vastas por corrupción que se desgaja el 'caso Brugal', nacido en Orihuela por las supuestas irregularidades con la adjudicación de las basuras del Plan Zonal de la Vega Baja tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

El Ayuntamiento de Alicante informó ayer sobre la medida adoptada desde los servicios jurídicos municipales. A finales del mes de junio, casi 30 días después del cambio de Gobierno local, el instructor de la pieza ofreció al Consistorio esta posibilidad. El titular del juzgado de Instrucción 5 alicantino adopta esta decisión al comprobar que la Audiencia Provincial acordó una medida similar en otra ramificación del 'caso Brugal'.

D e este modo, al Consistorio se le facilitarán las actuaciones realizadas hasta la fecha y, en su caso, se realizará en el momento procesal oportuno el escrito de calificación que proceda, así como «cualquier alegación que se estime conveniente a la vista de las diligencias practicadas».

Las abultadas diligencias, que arrancaron en el año 2010 y cuentan con casi una veintena de acusados, están casi completas a falta de que los agentes del Grupo de Blanqueo de Capital de la Policía Nacional entreguen un último informe sobre el patrimonio de Ortiz, así como otro elaborado por la entidad financiera Bankia, en el que se recogen jugosos beneficios generados por el suelo que formaba parte del PGOU.

No obstante, se trata de un caso que se ha prolongado en el tiempo por los retrasos propios del complejo proceso, ya que pasó de los juzgados de Orihuela a los de Alicante, a los que regresó tras su instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) cuando Castedo y Alperi renunciaron a su condición de aforados.

Entretanto, el último alcalde del Partido Popular, Miguel Valor, tiró por tierra con su retirada un PGOU, con el apoyo del resto de grupos de entonces en la oposición, que se ha visto ensombrecido desde casi el primer momento por la sobra de la sospecha. Tanto, que sus creadores atesoran imputaciones de delitos como cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias.

Las escuchas que dieron origen a la pieza separada, y que permitieron desgajar otra causa con respecto al Plan Rabasa, recogen comprometidas conversaciones ente el industrial Enrique Ortiz con Díaz Alperi, Castedo y con antiguos responsables de Urbanismo.

Asimismo, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han elaborado numerosos informes sobre posibles contraprestaciones percibidas por los responsables políticos como viajes, coches, uso de yates o de traslados en jet a cambio de allanar el camino al promotor para manejar a su antojo el suelo de la ciudad. Sin embargo, todo ello está pendiente fundamentalmente de la validez de los pinchazos telefónicos, algo que se ha puesto en duda a lo largo de toda la instrucción del caso.