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Varios representantes del PP junto al juez de Aguas de Orihuela, miran desde el sifón del Trasvase.

El PP lleva a Les Corts una propuesta para blindar el Trasvase Tajo-Segura

Los populares eligen el inicio de los tubos en Orihuela para mostrar su apoyo a la infraestructura garantizada en el Memorándum

Pilar M. Maciá

Viernes, 7 de agosto 2015, 01:18

El partido Popular se erigió de nuevo ayer como el más férreo defensor de la política de trasvases, en concreto del que lleva el agua del Tajo hasta el cauce del Segura, y sus responsables no dudaron en desplazarse a Orihuela para manifestar este apoyo en un lugar simbólico, el sifón desde el que arrancan los tubos que distribuyen el agua trasvasada a distintos puntos de la Vega Baja. El presidente de la Diputación, César Sánchez, la portavoz del grupo Popular en Les Corts, Isabel Bonig, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana y el diputado provincial oriolano de este partido, Francisco Sáez Sironi, entre otros muchos representantes del mismo en la comarca acudieron a esta calurosa cita en la que no faltaron los responsables de los regantes. Bonig aprovechó para anunciar la presentación de la primera Proposición No de Ley (PNL) que los populares plantean en la legislatura que acaba de comenzar en Les Corts, y que se refiere en concreto al agua del Tajo-Segura.

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El PP quiere que tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como el PSOE y los partidos que lo sustentan en el gobierno autonómico se pronuncien sobre una propuesta de resolución que establece una firme defensa del trasvase «y por ende de los regantes de la provincia de Alicante», la solicitud al gobierno de Castilla La Mancha que retire cualquier actuación contraria a la aplicación del Memorándum que permite la llegada de agua a la Comunitat y la petición al Gobierno de España de que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de ese acuerdo, con rango de ley tal y como se recordó en varias ocasiones, para el mantenimiento del trasvase.

Unidad y solidaridad fueron palabras que se repitieron una y otra vez junto al punto de entrada del agua a los tubos, así como la reivindicación de que el agua salga de debate político «porque enfrenta a gentes de España que tenemos más cosas en común de las que nos diferencian», afirmó el vicepresidente del Sindicato Central de Regantes, Manuel Serrano, quien estuvo acompañado por otros representantes de los agricultores como el juez de Aguas de Orihuela, Manuel Larrosa o el presidente del sindicato agrícola Asaja, Eladio Aniorte, entre otros. Serrano recordó que la postura de Castilla La Mancha con respecto al trasvase ha variado en diversas ocasiones en las últimas décadas por lo que consideró que no es una novedad la pretensión de recurrir la última concesión de agua aprobada hacia Levante, al tiempo que se mostró tranquilo «porque el trasvase es una ley reforzada con la institución del Memorándum».

En la misma línea se manifestó el alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, quien resaltó la necesidad de agua que tiene la Vega Baja, una comarca que recordó que «sabe gestionar muy bien» este recurso. Así, el popular dijo que no debe usarse como moneda de cambio «sino tener más altitud de miras y ver el agua como una necesidad básica que tiene que ayudar a todos a avanzar», en especial a la agricultura para la que reivindicó no solo la llegada de caudales, sino que venga aparejada de un precio que se pueda pagar para conseguir la estabilidad que necesita el campo.

Mejora de los recursos

El presidente de la Diputación, César Sánchez, en la que fue su segunda visita a la Vega Baja durante esta semana, llamó «al consenso, al diálogo y al trabajo común entre las distintas provincias de España», y afirmó que en su agenda está mantenerse en contacto con los regantes para mejorar los recursos hídricos de que se dispone y seguir avanzando en la implantación de las infraestructuras necesarias para modernizar el campo «y ser más eficientes en el uso racional del agua». En este sentido Isabel Bonig recordó las inversiones en infraestructuras hidráulicas en los veinte años de gobierno del PP en la Generalitat que cifró en 1.500 millones de euros, «con un 70% de nuestros regadíos modernizados y con el 60% del agua depurada reutilizada, lo que supone trescientos hectómetros cúbicos al año».

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