Alarma entre los regantes alicantinos por la reapertura de la 'guerra del agua'

La 'guerra del agua', a muy pocos meses para las elecciones general, se ha reabierto con toda su crudeza. La decisión del gobierno de Castilla-La Mancha de recurrir la última aportación de caudales del Tajo al Segura y solicitar la paralización de cualquier otro trasvase no solo ha propiciado que socialistas y populares retomen el cruce de acusaciones de los últimos años, sino que también ha disparado las alarmas entre los regantes del Trasvase. Ángel Urbina, portavoz de la Comunidad General de Riegos de Levante, Ángel Urbina, afirmó ayer que el debate político en torno al Tajo-Segura crea «indefensión» entre los regantes alicantinos, quienes, según dijo, están «indignados» y no se plantean que «pueda faltar el agua».

El socialista Emiliano García-Page, presidente manchego, ha reclamado esta semana al Ministerio de Agricultura que cesen de manera inmediata los trasvases desde la cabecera del Tajo al Levante al sostener que los pantanos de Entrepeñas y Buendía por debajo del límite legal establecido para poder trasvasar

Urbina, sin embargo, asegura que por ley les corresponde el trasvase Tajo-Segura. Explicó ayer que los regantes cuentan con los 7 hectómetros cúbicos de los 20 que corresponden al regadío y se autorizaron el pasado 31 de julio. Urbina pidió a «los políticos de la Comunitat que tranquilicen a los usuarios», que viven en estos momentos un ambiente de «preocupación», y aseguren que «el Tajo-Segura es intocable». «En Alicante vivimos gracias al agua» y se vive una situación de «demanda máxima», recordó.

Urbina confirmó que hasta el próximo 30 de septiembre, cuando finaliza el año hidrológico, Riegos de Levante «garantiza el regadío», pero sigue «intentando» asegurar que habrá agua para los regantes hasta el 30 de diciembre, ya que al encontrarse en nivel 3, los trasvases se realizan mes a mes y no trimestralmente, como en otras ocasiones.

También recordó que, «desde hace 30 años», los regantes de las zonas necesitadas de agua (Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía) «han pagado a las comunidades beneficiarias del trasvase (Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha) 412 millones de euros para desarrollar obras dirigidas a optimizar el trasvase.

«Esperemos que todos cumplan» los acuerdos de Estado, subrayó Urbina, quien añadió que «la ley dice lo que hay que hacer» y, en este caso, estipula que los 398 hm3 de los que disponen los pantanos de la cabecera del Tajo-Entrepeñas y Buendía están por encima de los 304 hm3 mínimos exigidos actualmente para efectuar el trasvase Tajo-Segura.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante, Eladio Aniorte, afirmó que «el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a las andadas», pero subrayó que las competencias sobre el agua las tiene el Estado, y no el presidente de esa autonomía, el socialista Emiliano García-Page.

Aniote insistió en que «el agua crea riqueza» y consideró que «las decisiones políticas pueden hacer que una economía se vaya al traste». Igualmente, tildó de «propaganda populista» la solicitud del Gobierno castellanomanchego de cesar los trasvases desde la cabecera del Tajo al Levante y afirmó que el trasvase se mantendrá «diga lo que diga el incompetente de Castilla-La Mancha».

Serenidad

Mientras el temor cunde entre los regantes y agricultores, La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, pidió ayer «serenidad» porque considera que la «polémica» que se está generando «desde el gobierno de Castilla la Mancha y desde el PPCV» respecto al trasvase del Tajo-Segura «no sirve en absoluto para resolver los problemas que tiene la Comunidad de escasez hídrica y de sequía».

Cebrián afirmó que las declaraciones que se están realizando «no benefician en absoluto» al «principal beneficiario y objeto de la preocupación» del Consell que son «los regantes y agricultores de la Comunidad». De este modo, insistió en que su objetivo es trabajar sobre el acuerdo jurídico y técnico que está sobre la mesa porque es «una garantía de funcionamiento y uso». El acuerdo, según recordó, fue fruto del consenso entre los gobiernos del PP de las cinco comunidades autónomas afectadas, el Ministerio de Agricultura y las Confederaciones.

«Nuestra línea es trabajar con una visión conjunta y de futuro y eso significa plantearnos que vamos hacia escenarios de más escasez de agua y por eso tenemos que analizar desde un punto de vista técnico, pausado y desde el consenso cuáles son nuestras disponibilidades y los usos del recurso», dijo Cebrián.

Por eso, incidió en que deben de valorar el agua que viene del trasvase de forma «conjunta» con los recursos que se pueden obtener de fuentes alternativas y de la desalinización. «Todo eso con una visión de ahorro de mayor eficiencia y de innovación en el uso y los recursos hídricos», zanjó.