La Fiscalía tumba varios casos por empleo masivo sin contrato laboral

La Fiscalía de Alicante y sus distintas demarcaciones en la provincia está tumbando varios casos de presunta contratación ilegal masiva y simultánea, un delito que, tras la última modificación del Código Penal de hace dos años, está penado con hasta seis año de prisión para sus autores o promotores. En varios de los sesenta casos instruidos administrativamente por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Alicante y derivados a la Fiscalía de la Audiencia Provincial para su correspondiente reparto, las diligencias previas de investigación han concluido, por parte del representante del Ministerio Fiscal, con la solicitud de archivo de la causa al no apreciar indicios de delito, según confirman a este diario fuentes de la Inspección en Alicante y de la dirección territorial de la Inspección en Valencia.

Estos archivos están suponiendo un auténtico jarro de agua fría para un cuerpo administrativo, la Inspección de Trabajo, que en Alicante es especialmente activa y que, pese a la escasez de recursos y medios, lidera desde hace más de un lustro el empleo irregular aflorado por no cotizar a la Seguridad Social, incluso por delante de Madrid Barcelona y Valencia. Hace unos meses, la Inspección de Trabajo de Alicante ya explicó a este diario que estaba «expectante» ante los procesos penales que se venían instruyendo en distintas salas de la provincia contra sesenta empresas por el supuesto delito de «tener una pluralidad de trabajadores de modo simultáneo sin comunicar el alta en la Seguridad Social».

En los sesenta casos destapados por la Inspección de Trabajo de Alicante la media de trabajadores contratados sin alta preceptiva en la Tesorería de la Seguridad Social es de veinte, según fuentes de la Inspección laboral alicantina. El cuerpo que dirige José María Gutiérrez pedía «más comprensión y sensibilización» a fiscales y juzgados para con la calificación de este nuevo delito. A mitad de año, aún no se había dictado ni una sola sentencia tras los dos primeros años de aplicación de la reforma del Código Penal. Este diario no pudo ayer confirmar si la situación sigue pendiente de fallos de los jueces de Instrucción, pese a los intentos de contrastar las informaciones con la presidencia de la Audiencia y con la jefatura accidental de la Fiscalía Provincial.

Criterio

Al parecer, el archivo de diligencias o, en su caso, la petición de archivo al juez (en aquellas casos que se estaban instruyendo ya por el magistrado) está residenciado en la «falta de criterio único» respecto a esta nueva figura penal. La mayoría de casos están judicializados en salas de Elche y de Orihuela, ya que un buen número corresponde al sector del calzado, uno de los que tradicionalmente más economía sumergida oculta. En pymes con menos de 10 trabajadores nadie debe tener contrato para poder ser calificado y juzgado como delito.

Casos distintos presentan las denuncias elevadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante respecto a empresas falsas, aquellas que no tienen actividad en la práctica y que sirven de tapadera para cobrar el subsidio de empleo fundamentalmente, pero también para el reagrupamiento familiar de ciudadanos extranjeros y para obtener el permiso de trabajo y residencia. Se trata de «empresas en las que no hay empresas. Muchos de los supuestos trabajadores de estas firmas, algunos detenidos en los últimos meses por Policía Nacional y Guardia Civil, han pagado previamente entre 1.200 y 1.400 euros a la red ilegal.

Fuentes de la Inspección aseguran que en estos supuestos sí se están dictando sentencias. Un total de 25 de estas firmas se desmantelaron en 2013 y otras 42 en 2014. No se conoce la estadística de 2015.