El Consell reclama a Castilla-La Mancha que no bloquee el Trasvase Tajo-Segura

La interminable guerra del agua vuelve a estar presente en la agenda política después de la polémica que está teniendo el último trasvase aprobado el pasado 27 de julio. El Gobierno de Castilla-La Mancha se pronunció en contra casi al instante y anunció que iniciaría medidas para evitarlo.

Respecto a esta polémica, la presidenta del Consell en funciones, Mónica Oltra, aseguró ayer en declaraciones a la cadena SER que los agricultores de la Comunitat han hecho «un gran esfuerzo en la optimización del agua» y añadió que este sacrificio «tiene que ser compartido». Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno valenciano recordó que este trasvase es «necesario para nuestra tierra, económicamente y medioambientalmente». Como ya adelantó a este diario en una entrevista ayer mismo, Oltra reiteró la petición que lanzó al gobierno de Castilla La-Mancha para que revise los pozos ilegales que son «los que menguan el agua de los acuíferos».

El gobierno castellanomanchego pidió la paralización del último Trasvase que aprobó el Ministerio de Agricultura el 27 de julio, ya que afirman que los embalses de la cabecera del río Tajo, que superan levemente los 400 hectómetros cúbicos de agua, no llegan a los mínimos de capacidad permitida para realizar un trasvase, ya que alegan que el límite se sitúa en esa cantidad.

El acuerdo que firmaron las cinco comunidades autónomas implicadas en 2013 dejó zanjado que este límite se aumentaría progresivamente a lo largo de un periodo de cinco años hasta llegar a los 400 hectómetros cúbicos. Por tanto, la limitación dos años después del consenso, se sitúa en 305 hectómetros cúbicos y no en la cifra que Castilla-La Mancha defiende. Así lo confirmó el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, hace unas semanas. «Mientras las reservas estén por encima de los 305 hectómetros cúbicos, el Trasvase es legal».

José Císcar también se pronunció ayer al respecto y recordó que en 1995 «el Gobierno socialista de Felipe González aprobó un trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía tenían poco más de 200» en la cabecera del Tajo. Císcar resaltó que «el memorándum reconoce el Trasvase Tajo-Segura como una infraestructura estratégica y que así debe permanecer. Romper este pacto y esa voluntad sería condenar al sector agroalimentario y a una parte del sector turístico de la provincia de Alicante».

A pesar de la insistencia del Consell en preservar el Trasvase Tajo-Segura, Álvaro manifestó que la solución al problema del agua también se puede encontrar en alternativas como la desalación. «El actual Consell apuesta por una nueva política hídrica que pasa por la desalación y por llegar a acuerdos con agricultores y regantes para compensar el precio de este agua que es más caro», apuntó el secretario autonómico.

En la misma línea se manifestó la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, que calificó la desalación como una tecnología «puntera» y «muy eficiente» que contribuye a garantizar el suministro de agua en «muchas» de las localidades del sur de la Comunitat Valenciana.