Un juez investiga a la patronal de Castellón por un presunto fraude de 419.000 euros

El juzgado de instrucción número 1 de Nules investiga un presunto fraude en los cursos de formación encargados por la Confederación Empresarial de Castellón (CEC) en 2009 y 2010, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. A las actividades investigadas se destinó una partida de 418.700 euros procedentes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef).

Según informa la secretaria autonómica de Economía, María José Mira, se trata de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Castellón a partir de documentación aportada por el Servef, que tuvo conocimiento de la presunta irregularidad tras una solicitud de documentación proveniente de Hacienda de noviembre de 2013.

Hacienda detectó la existencia de una serie de facturas irregulares emitidas por dos proveedores de servicios de formación contratados por la CEC y requirió al Servef información al respecto por tratarse de subvenciones procedentes de la administración pública. Las firmas son 'Consultoría y estudios AGP', que recibió un total de 258.500 euros, y 'Centros de Oficios RM', que percibió por sus servicios 160.200 euros. Las cantidades formaban parte de un total de 12,2 millones de euros aportados por el Servef a la patronal autonómica Cierval, que a su vez fueron redistribuidos a las patronales provinciales.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que «no se justificó ni la realidad de los gastos de docencia ni la efectiva realización de los trabajos de evaluación», motivo por el cual ha solicitado información sobre los mismos tanto a la Generalitat como a la patronal autonómica. La investigación, además, va más allá y sostiene que no puede determinarse que las empresas realizaran actividad económica alguna en los ejercicios 2009 y 2010 y que, por tanto, hayan realizado los seminarios o cursos.

Al respecto, Mira declaró que la gestión del anterior ejecutivo «fue correcta», al haber llevado el asunto el Servef ante la Fiscalía. Además añade que la Generalitat está a salvo de cualquier perjuicio económico, puesto que la patronal devolvió dicha cantidad tras ser expedientada.

En este sentido, la CEC, en un comunicado, se declaró ayer «perjudicada» por haber tenido que devolver la cantidad abonada por unos cursos que, según asegura, «fueron realizadas, y controladas y supervisadas por el Servef». La patronal, que ha recurrido el expediente del Servef con el fin de recuperar la cantidad, reduce la investigación a «un asunto de carácter tributario de quienes han realizado las acciones formativas».