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EFE
Miércoles, 19 de agosto 2015, 00:35
El delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, destacó ayer que los robos en los campos se han reducido en un 28 % durante el primer semestre de 2015, de 1.975 del año pasado a 1.422.
Moragues hizo estas declaraciones tras visitar un pozo de riego en Oliva, donde se ha reunido con representantes del sindicato agrario AVA-Asaja para abordar las necesidades del campo valenciano, según un comunicado de la Delegación del Gobierno.
El delegado del Gobierno anunció una mayor coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los propios agricultores, especialmente antes del inicio de la próxima temporada de cítricos, pues a pesar de los descensos continuados en el número de robos, «hay que seguir trabajando para reducir aún más estas cifras», afirmó.
Moragues destacó que estas cifras son fruto del importante trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil con grupos operativos especializados en la lucha contra los robos en los campos, conocidos como Grupo Roca.
En la Comunitat Valenciana hay 13 equipos Roca, uno más que el año pasado, reforzados con otros grupos operativos como Seprona, GRS, el escuadrón de caballería y la unidad aérea, lo que suma un total de 135 agentes de la Guardia Civil en estos equipos.
Moragues también destacó que ha sido el actual Gobierno de España quien ha modificado el Código Penal, como así pedían los agricultores, para endurecer las penas por los robos en el campo y sobre todo, aumentar el castigo a los autores de robos que sean multirreincidentes.
Con la reforma del código penal, estos robos pasan de ser considerados «falta de hurto» a «delito leve de hurto» y además se cuantifica lo sustraído en un robo con vistas a un juicio, se cuentan los daños colaterales como los costes y el tiempo de reparación, o los perjuicios por la interrupción de las labores del campo.
El Código Penal también prevé que la delincuencia profesional y organizada se pueda condenar con el tipo agravado, con penas en esta caso de uno a tres años de prisión.
El delegado del Gobierno también mostró su apoyo al sector agrícola valenciano en su reivindicación para la llegada de más agua de otras cuencas del territorio español y volvió a pedir al gobierno de Castilla La Macha que cumpla los acuerdos de trasvase del Tajo- Segura.
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