El Gobierno avala la legalidad del sueldo de César Sánchez e Isabel Bonig lo cuestiona

El debate por los sueldos de los responsables políticos de la Diputación continúa. Ayer, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, defendió la legalidad de la retribución del presidente de la institución provincial, César Sánchez, aseguran que se atiene a la legalidad. Sánchez recibirá 90.000 euros brutos anuales, unos 22.000 más que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Además, en total, 19 diputados provinciales cobrarán más que el jefe del Consell, un hecho criticado por Compromís, que ha pedido una rebaja del 15 por ciento en los salarios.

Beteta explicó que los cargos locales tienen establecida su retribución a través de los Presupuestos del Estado y destacó que «se objetivó una norma donde se establecían los sueldos que tenían que tener los presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales y todos los que trabajan en el mundo local».

Como consecuencia, dijo que lo que hace el presidente de la Diputación «se atiene estricta y exactamente a la legalidad». Asimismo, indicó que la normativa autonómica no está sujeta al control estatal, por lo que no pueden opinar y «pueden cobrar más o menos en función de las circunstancias de cada uno para llevar a cabo el desarrollo de su función política».

En este sentido, apuntó que lo que hay es «un límite máximo de lo que se puede cobrar» y que hay una horquilla establecida en función de la población que tiene el ayuntamiento o la Diputación «y lo que no se puede es cobrar más».

Al respecto, recordó que antes las «disfunciones eran superiores», pero ahora, en atención a la función política, se estableció que los alcaldes de las capitales de provincia mayores -Madrid y Barcelona- «no pueden cobrar más que un secretario de Estado» y, añadió: «de ahí para abajo se hace una escala a la baja en función de la población». Por tanto, concluyó, «se ha objetivado el cobro, cuántas personas pueden cobrar, que ya no son todas, y se ha limitado el número de eventuales», de manera que se ha logrado el objetivo de «ahorrar y objetivar».

Transparencia

Por su parte, Sánchez indicó ayer que en el debate de investidura, donde se aprobaron los salarios, «Compromís no dijo nada de esto», en referencia a su petición de rebajar los sueldos un 15%. Así, insistió en que estos sueldos son «heredados de la legislatura anterior» y que los va a congelar durante cuatro años. Además, recordó también la puesta en marcha de la página de Transparencia de la Diputación donde se publicarán de manera directa y «prácticamente al día» la actividad de todos los diputados. Asimismo, emplazó a los diputados de Compromís y de toda la oposición al próximo pleno para hacer «las preguntas que quieran».

En cuanto a la reunión que pedía el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, de las tres diputaciones provinciales y la Generalitat para coordinar las políticas y sueldos, César Sánchez dijo que ya ha mantenido un encuentro con sus homólogos y el presidente del Consell «y allí no se habló absolutamente de nada de esto».

Agregó que la Diputación tiene que «ayudar a los ayuntamientos tengan una mejor gestión y que subsidiariamente garanticen más bienestar a las personas que viven en sus municipios» y que en esa línea va a trabajar. Al tiempo, recalcó su anuncio de «congelar» los salarios «heredados» de los diputados, que serán sometidos a un mecanismo de «transparencia». No obstante, volvió a incidir en que le gustaría oír más de Compromís «ideas y proyectos de futuro que generen bienestar en la provincia».

Menos comprensiva que Beteta se mostró la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. La líder de los populares valencianos dijo que «no me parece bien que el presidente de la Diputación cobre más que el presidente del Gobierno o de la Generalitat», aunque puntualizó que en su partido creen «que el president de la Generalitat cobra poco y los consellers también» aunque son cargos «que requieren seriedad» y responsabilidad. Bonig defendió que los cargos autonómicos «cobran mal» y que ello provoca «que a la política venga gente con menos formación o no tanta trayectoria». En su opinión, «el presidente de la Generalitat gana poco y los consellers también. Ahora, si después son como Miguel Marzà...». Al respecto, hizo hincapié en que «el sueldo exige responsabilidad y seriedad».

Las palabras de Bonig fueron respondidas por Mónica Oltra. La vicepresidenta y portavoz dijo que los consellers actuales perciben «el mismo salario» que sus antecesores y en todo caso «el sueldo no va unido a la calidad». Según Oltra, «igual Bonig considera que los consellers del gobierno en el que estaba tenían menos nivel», pero los actuales miembros del Consell «cobran lo mismo» porque «no han tocado los salarios».