E. PRESS
Sábado, 22 de agosto 2015, 00:32
Agentes del Cuerpo de Policía Nacional han detenido a 116 personas en 18 provincias sospechosas de usar empresas ficticias para defraudar más de dos millones de euros a la Seguridad Social. De los siete arrestos realizados en la Comunitat Valenciana, cinco se han producido en la provincia de Alicante y dos en la de Valencia, según informó ayer la Dirección General de la Policía en un comunicado.
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El origen.
La Inspección de Trabajo de Navarra denuncia ante la Policía ante la sospecha de la existencia de un entramado de empresas ficticias.
Investigación.
Las pesquisas policiales permiten descubrir que un ciudadano marroquí está detrás de las nueve firmas falsas desde las que se da de alta de forma fraudulenta a numerosos trabajadores.
Doble finalidad.
El fin era acceder de forma indebida a prestaciones públicas y, además, regularizar la situación de ciudadanos extranjeros.
El total de los detenidos, de nacionalidad española, marroquí y argelina, han sido arrestados en 18 provincias de España. Según los agentes, utilizaban un entramado de nueve empresas ficticias para acceder de forma ilegal a la Seguridad Social y regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España.
Las pesquisas comenzaron a comienzos del año pasado gracias a una información de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra, que sospechaba que varias empresas situadas en la región podían ser ficticias.
Los agentes encargados de la operación descubrieron que, efectivamente, se trataban de empresas ficticias creadas y administradas por un ciudadano marroquí. Según la Policía, este hombre habría dado de alta de manera fraudulenta la Seguridad Social a un gran número de supuestos trabajadores.
La Policía apunta que todo ello tenía una doble finalidad, una era la de acceder de forma indebida a todo tipo de prestaciones públicas, y otra, en el caso de ciudadanos extranjeros, regularizar su situación administrativa en España.
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El entramado empresarial estaba compuesto por nueve empresas, que mediante las altas ficticias de sus trabajadores en la Seguridad Social habría defraudado más de dos millones de euros al ente público, tal y como precisaron las mismas fuentes.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería de Pamplona y coordinada por el Grupo III de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Extranjería de Alicante, Burgos, Barcelona, Zaragoza, León, Cáceres, Lérida, Valencia, Vizcaya, Guipúzcoa, Toledo, Álava, Soria, Huelva, así como de la Brigada Local de Jaca.
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