Compromís y C's se enzarzan para atribuirse la reducción de los sueldos en la Diputación

La polémica por los sueldos en la Diputación Provincial continuó ayer, esta vez con un enfrentamiento entre los portavoces de Compromís y de Ciudadanos. Después de la petición trasladada por la formación naranja al PP para que reduzca las retribuciones un 15%, tal y como había solicitado días antes el portavoz de Compromís en la institución, Gerard Fullana, la coalición nacionalista, propuso ayer la constitución de una comisión informativa dedicada a la «regeneración» de la Diputación en la que participen todos los partidos políticos con representación.

El propio Fullana insistió en atribuir a su partido la iniciativa de recortar los sueldos: «Hemos sido el primer partido que desde el principio ha apostado por la regeneración de la Diputación» y recordó que «hemos sido consecuentes desde el primer día».

Acompañado de los diputados provinciales José Manuel Penalva y Lluis Pastor, junto a la diputada autonómica Mireia Mollà, Fullana abogó por «seguir avanzando» después de la «rectificación 'in extremis' de Ciudadanos» acerca del «escándalo de los sueldos y del reparto de los asesores del PP y de Ciudadanos». «No podemos continuar así, éste ha sido un inicio escandaloso», criticó Fullana.

La comisión que propone Compromís se encargará de «eliminar las duplicidades de la Diputación, acabar con el partidismo en la subvención de la Diputación, hacer una auditoría de los últimos ocho años de la Diputación y acabar también con los privilegios de esta institución provincial».

Por su parte, el portavoz adjunto, José Manuel Penalva, se refirió al acuerdo para el reparto de retribuciones de PP y Ciudadanos, que «supone destinar unos 128.000 euros por cada diputado del PP y 315.000 euros por cada diputado de Ciudadanos, cerca de 20.000 euros por cada diputado del PSOE, unos 36.000 euros por Compromís y casi 110.000 euros por EU». Como explicó, la rectificación propuesta ahora por Ciudadanos plantea que el coste por diputado pase a ser de 109.000 euros para el PP, 297.000 euros para Ciudadanos; cerca de 18.000 euros para PSOE; 32.500 euros para Compromís y 97.600 euros para EU. Así, el 83% de las retribuciones irían a parar a los dos partidos en el Gobierno, PP Y Ciudadanos, mientras que el 17% restante sería para los partidos en la oposición.

En opinión de Mireia Mollà este reparto revela que PP y Ciudadanos «intentan limitar de manera penosa la labor de fiscalización de la oposición». Según lamentó, ambas formaciones «no han entendido el mensaje de la ciudadanía y en el caso de la Diputación se dedican a hacer un juego sucio».

Fernando Sepulcre fue el encargado de responder a Compromís. El diputado provincial de Ciudadanos instó a Fullan a «predicar con el ejemplo» y que se rebajen los salarios del presidente de Les, Enric Morera, y del alcalde de Valencia, Joan Ribó, ambos de la coalición, en relación a la polémica sobre los salarios de los diputados. Sepulcre dijo que «la demagogia de Compromís ante la lucha por la reducción de los sueldos públicos que Ciudadanos ha abanderado no tiene precedentes» y les reprochó que «quieren hacer creer a la ciudadanía que están detrás de la reducción de sueldos de los cargos públicos en la Diputación y llevar al engaño a los vecinos y votantes».

Así, Sepulcre invitó a Fullana a que «trabaje y abandone sus eslóganes populistas y oportunistas» y le exigió que comience a «predicar con el ejemplo, en ese alarde de responsabilidad y coherencia hasta ahora ficticia» para que en su partido «bajen los sueldos a algunos de sus compañeros, como Joan Ribó, que percibe 82.600 euros al año, sus cinco concejales, que superan los 75.000 euros, o Enric Morera, que llega a los 95.000 euros anuales». Así, recalcó que «si las propuestas y maneras de proceder de Compromís hubieran sido serias, también las hubieran aplicado en Valencia».

No obstante, el diputado abogó por «llegar a políticas de consenso entre todos los grupos, que es lo que han pedido los ciudadanos en las urnas, y dejar de lado ya las guerras partidistas, que lo único que hacen es perjudicar a la ciudadanía».