Los regantes del Júcar piden que Albacete no use caudales si no paga la deuda pendiente

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj), que representa a los regantes tradicionales, ha presentado una contundente alegación al nuevo plan hidrológico de cuenca instando a la confederación a que retire la asignación que tiene el municipio para abastecerse del río si no afronta la deuda contraída entre los años 2005 y 2007, que se eleva a 1.087.430,29 euros.

El conflicto viene de lejos. El convenio de Alarcón, el acuerdo que sirvió para ceder la gestión del embalse construido por los regantes de la Comunitat Valenciana al ministerio, permitió al municipio tomar caudales del pantano del mismo nombre sin coste alguno, evitándose así la necesidad de recurrir a pozos. El acuerdo, de 2001, estableció que en épocas de sequía los abastecimientos podrían seguir recurriendo al embalse siempre que asumieran una contraprestación económica, al considerarse que por debajo de un nivel mínimo (curva de reserva) los volúmenes acumulados correspondían a los usuarios de Usuj.

Esta indemnización servía para compensar a los regantes por el coste de extraer los recursos que dejaban de tener a mano por otras vías, como bombeos. Es decir, «no pagaban por el agua», como se puede leer en la alegación. Entre los años citados Albacete recurrió a este mecanismo en tres ocasiones, y fue autorizado por la confederación, que fijó la cuantía a afrontar. Otros municipios optaron por la misma solución para garantizar sus necesidades, así como comunidades de regantes diferentes a la Usuj, asumiendo el pago correspondiente. A partir de este momento se iniciaron diferentes procesos judiciales contra la resolución de la confederación donde se plasmaban los pagos, y en todos los casos fueron desestimadas, según explican fuentes de Usuj, que citan tres sentencias del Supremo que declaran que la indemnización y el procedimiento es ajustado a derecho. Tampoco los contactos mantenidos con el consistorio castellanomanchego han llegado a buen puerto, lo que ha derivado en nuevos contenciosos administrativos resueltos en el mismo sentido.

La alegación presentada dice así: «Solicitamos que Albacete cumpla el Plan Hidrológico del Júcar y el Convenio de Alarcón, la legislación de aguas y las sentencias del Supremo o que se retire del borrador del PHJ (el que está en fase de tramitación) la asignación prevista para su abastecimiento, dado que puede abastecerse de los pozos de agua como hacía hasta la firma del convenio de Alarcón».

En el plan actual se incluyó una excepción en este sentido, de manera que a partir de su entrada en vigor Albacete ya no estaría obligado a pagar por el uso de recursos del embalse cuando el nivel quedara por debajo de la reserva, pues los costes serían asumidos por el Estado.