Bravo quiere recuperar los 15 juzgados que había proyectados en la provincia

La visita a Alicante de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, sirvió para pasar revista a las carencias que arrastran los partidos judiciales y obtener un nuevo compromiso de la Administración autonómica para darles solución. Una de las necesidades más acuciantes y que salió a relucir durante su encuentro con el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, y el fiscal jefe, Jorge Rabasa, fue la falta de juzgados, sobre todo en la jurisdicción de lo Penal.

Bravo se comprometió a recuperar en un período de dos años los 15 órganos judiciales que estaba previsto crear en la provincia y que fueron desapareciendo de los presupuestos del anterior Consell. De hecho, la consellera mantendrá hoy un encuentro con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien le instará a «reactivar alguno de los juzgados que quedaron suspendidos por falta de presupuesto autonómico» en 2012.

La situación es de sobra conocida, pues el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya informó mientras Bravo ostentaba el cargo de vocal sobre la idoneidad de implantar órganos judiciales. Más aún, en una provincia con un nivel de «conflicto jurisdiccional importante» y en la que existe «mucho tráfico jurídico que fiscales y jueces deben resolver», como resaltó la consellera, fiscal de carrera.

Vicente Magro denunció el hecho de que la provincia ha sido «la gran olvidada» de la Comunitat en materia judicial y tildó de «varapalo tremendo» la paralización en la creación de los 15 nuevos juzgados en 2010.

Asimismo, se puso sobre la mesa la situación del Palacio de Justicia de la capital, ubicado en el barrio de Benalúa, y que sigue pendiente del avance de los trabajos de reforma integral del inmueble. Preguntada por este extremo, Bravo anunció que «no me puedo comprometer a construir un nuevo edificio», pero indicó que revisaría el proyecto que espera que «sea asumible» y que mejore las condiciones de trabajo en un edificio en el que se han detectado incluso ratas.

A la consellera se le acumulan las visitas en la provincia, ya que según dijo pronto recalaría en Elche, donde también existe un grave problema de atasco judicial, o en Alcoy, población con un grave conflicto por el uso de una nueva instalación mientras la actual se cae a pedazos. No obstante, alcaldes de todos los partidos judiciales le han trasladado las carencias de las sedes judiciales.

Sobre la dificultad para resolver estos problemas, la responsable autonómica de Justicia aludió a la falta de financiación del Gobierno central, «un sistema que nos ha perjudicado muchísimo», por lo que abogó por su revisión. Entre tanto, se ejecutará una revisión del equipamiento material para evitar que por falta de medios se suspendan juicios, una circunstancia que tachó de «inaceptable», como sucede por los constantes fallos del sistema de videoconferencias.