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Luis Candela
Jueves, 10 de septiembre 2015, 01:26
La acusación particular que ejerce Esquerra Unida en el 'macrocaso' de corrupción que afecta al urbanismo de Alicante, la rama de 'Brugal' centrada en el PGOU, quiere que testifiquen los peritos responsables del informe para Bankia sobre cómo el empresario Enrique Ortiz se benefició presuntamente con el suelo de la ciudad en connivencia con las más altas instancias del Ayuntamiento.
De este modo, el desfile de protagonistas por el Juzgado de Instrucción 5 podría repetirse, como ya pasara tras las últimas imputaciones de empresarios del entorno de Ortiz.
El instructor de las diligencias, Manrique Tejada, ya dejó la petición hecha a la entidad bancaria para que les remitiese la documentación que, a partir de ahora, deberá ser materia de estudio antes de mandar el procedimiento a un hipotético juicio.
El informe confeccionado por la consultora KPMG Asesores SL describe el 'modus operandi' con el que el promotor inmobiliario podría haber logrado unos jugosos beneficios de 320 millones de euros con la venta de suelo con un precio inflado. Todo ello, supuestamente con el beneplácito del Ejecutivo local del Partido Popular encabezado por los imputados Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, quienes no habrían puesto reparos a cada propuesta del industrial. Así, en muchas ocasiones era la entidad Bancaja quien se hacía con dichos terrenos, a tenor de las conclusiones a las que se alcanzan en el informe económico.
Por su parte, el que fuera redactor del malogrado Plan General, Jesús Quesada, ha recurrido la decisión del juez instructor de no llamar a declarar a los agentes encargados de elaborar los informes en los que se sintetizan las presuntas actividades ilícitas desde el seno del Consistorio. Según las fuentes jurídicas consultadas, en el escrito rechazado por Tejada, el arquitecto habría solicitado la presencia de los policías del Grupo de Blanqueo de Capitales por llegar a conclusiones, a su juicio, erróneas.
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