El Consell no sabe de dónde sacar 150 millones para pagar la extra de los funcionarios

El Ejecutivo autonómico valenciano actual tiene tan difíciles las cuentas como sus antecesores del PP y quizá por eso no saben cómo cuadrar las cuentas para pagar el año que viene la mitad de la paga extra de Navidad que el Gobierno anuló a todos los funcionarios en el verano de 2012, ya dependieran del poder central o del autonómico, provincial o local.

La decisión del Gobierno de la nación, aprobada ayer en el consejo de ministros, de dar a los empleados públicos que sufrieron aquella quita en los momentos más duros de la crisis económica va a suponer un dolor de cabeza para el Consell a la hora de elaborar los presupuestos autonómicos para 2016, según señalaron ayer fuentes del Ejecutivo valenciano.

Aseguraron que no saben de dónde van a sacar unos 200 millones de euros para pagar a los funcionarios, aunque 55 de ellos ya se han abonado este año.

Los funcionarios de la Generalitat ya cobraron en enero una cuarta parte de aquella paga que se quedó la administración autonómica. Fue una decisión negociada por el entonces conseller de Hacienda y Administración Pública y hoy delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues.

Entonces supuso un gasto extra de 55 millones de euros, correspondientes al 25% de la citada paga extra. Una cantidad que el ministro de Hacienda decidió ayer que también se abonaría ahora, en octubre, y dejó el restante 50% para 2016.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró que la medida les obligará a adoptar «alguna medida» aunque señaló que es el Estado el que marca la política a seguir en materia de pago a funcionarios, aunque el dinero corresponda ponerlo a otra administración. Oltra dijo que había que leer la decisión del consejo de ministros.

El Consell es consciente de que esta medida del Gobierno les va a obligar a sacar ya 55 millones para abonarlos en la nómina de octubre -a no ser que lleguen a un acuerdo con los sindicatos- y 110 millones más a consignar en el presupuesto de 2016. Unas cuentas autonómicas que, en teoría, tendrían que estar listas y aprobadas en el último pleno de septiembre que celebre el Gobierno valenciano, pero que, según las fuentes consultadas, «es difícil» que estén listas para el mes de octubre.

Por otra parte, la Abogacía de la Generalitat estudiará si el pago de la Generalitat a la concesionaria de la gestión del aeropuerto de Castellón, la multinacional SNC Lavalin, «se ajusta a la legalidad o no se ajusta», y si concluye «que puede haber indicios de delito se llevará a la Fiscalía, con nombres y apellidos», aseguró ayer Mònica Oltra.

La portavoz se refirió de ete modo a la investigación de la Comisión Europea para determinar si Aerocas, la empresa pública de la Generalitat con participaciópn minoritaria de la Diputación de Castellón, concedieron ventajas económicas a la citada compañía.

Oltra dijo que en mayo de 2014, el Gobierno de Alberto Fabra adjudicó a Lavalin un contrato para la gestión y explotación de ese aeropuerto hasta 2033 a cambio de 24,5 millones de euros, que se tenían que pagar en años sucesivos, si bien en mayo pasado, «y caducado el gobierno, le pagaron 12 millones».

«Por si acaso las prioridades del siguiente Gobierno no eran saquear las arcas públicas a través de pagos como estos», sino atender políticas sociales, «les dieron 12 millones de euros que no era preceptivo dar este año», afirmó Oltra.