El Parlamento británico rechaza autorizar la muerte asistida

El Parlamento británico rechazó ayer la tramitación de la llamada ley de la muerte asistida, que permitiría ayudar a morir a los enfermos terminarles. La opinión fue mayoritaria y unió a diputados de todos los partidos en contra de la proposición de ley, rechazada por 330 votos a favor y 118 en contra. Conservadores y laboristas dieron libertad para que sus miembros votasen en un asunto en conciencia.

La iniciativa legal había partido del diputado laborista Rob Marris. Pese a ser una proposición de ley su tramitación provocó un intenso debate. Marris defendía con su iniciativa que los enfermos que lo desearan pudieran acabar con su vida. Así propugnaba una eutanasia activa, en la que los médicos suministrasen los fármacos necesarios para acabar con la vida del paciente. La alternativa habría sido el suicidio asistido como tal, donde los facultativos son los encargados de proporcionar un cóctel de barbitúricos, pero es el mismo paciente quien se lo administra.

El diputado ponía como condición que las perspectivas de vida de la persona que deseara morir fueran menores de seis meses. El paciente debería entonces contar con el diagnóstico y asistencia de dos facultativos, que tenían abierta la posibilidad de no prescribir el cóctel de fármacos, y un magistrado que certificase la validez del acto de poner fin a una vida. Con el fallo judicial favorable, el enfermo sólo habría tenido que conseguir las medicinas para morir.

En la calle, la muerte asistida es apoyada por la mayoría de los ciudadanos del Reino Unido, según recogen las encuestas. Entre los partidarios de este proyecto de ley estaba el presidente del Real Colegio de Médicos del Reino Unido, Richard Thompson, que habla de «alivio» para los enfermos terminales. Pero no es el único. Una veintena de destacados facultativos y profesores universitarios, entre los que está el científico Stephen Hawking, también se posicionaron a favor.

Por el contrario, el primer ministro británico, David Cameron, manifestaba esta semana que no estaba convencido ni del contenido ni del alcance de la proposición de ley. La Iglesia anglicana también está dividida en este debate. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, llamó a rechazar la proposición de ley en nombre de los credos cristiano, judío y musulmán, porque «equivale al apoyo activo del suicidio y cuya aprobación sería una tragedia».

Por su parte, el arzobispo sudafricano Desmond Tutú, a través de una misiva, solicitó «respeto a la santidad de la vida, pero no a cualquier precio». En el mismo sentido se pronunció el exarzobispo de Canterbury, George Carey, que abogó por evitar «sufrimiento innecesario» de los enfermos terminales

En la actualidad el suicidio asistido o ayudar a una persona a acabar con su vida es ilegal en Inglaterra y Gales desde 1961, lo mismo que en Irlanda del Norte, mientras que en Escocia le califica penalmente como homicidio.

Disparidad en Europa

El debate sobre leyes relativas a la eutanasia activa o suicidio activo está a la orden del día en los parlamentos europeos. Los diputados franceses aprobaron hace unos meses un proyecto de ley que permitirá reclamar una sedación terminal para los enfermos incurables o terminales, pero que no autoriza ni la eutanasia activa ni el suicidio asistido.

La eutanasia es legal en Suiza y desde 2002 en Holanda y en Bélgica, que el año pasado la amplió a pacientes infantiles. A ellos se sumó Luxemburgo en 2009.

En España, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero trató de introducir una reforma legal, lo que no consiguió la entonces ministra de Sanidad, Leire Pajón, al no contar con el apoyo de la oposición. De manera paralela surgieron leyes sobre la muerte digna en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco, y Aragón.