El Consell avanza que los informes sobre los trámites de la ATE de Rabasa son negativos

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la socialista María José Salvador, avanzó que los informes pendientes de la Generalitat Valenciana sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en la que está prevista una tienda de Ikea y un macrocentro comercial son «negativos», por lo que las posibilidades de que salga adelante el proyecto impulsado por la mercantil Alicante Avanza, en la que participa el empresario Enrique Ortiz, son cada vez menores.

Salvador participó ayer en la presentación de la primera Jornada de Movilidad Inteligente junto con el alcalde, Gabriel Echávarri, y el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar. Conocida es la posición contraria del Ayuntamiento a la construcción del macrocentro comercial tal y como está reflejado en la ATE, que se suma a las alegaciones presentadas por el anterior equipo de gobierno y al Colectivo de Comerciantes por Alicante.

El proyecto de la ATE está ahora mismo en los despachos de la nueva Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio pendientes de varios informes «relevantes y decisivos» para dar el visto bueno definitivo al proyecto. Los propios técnicos de la Administración autonómica todavía tienen que presentar sus opinión sobre la Infraestructura Verde y del Paisaje, aunque la consellera avanzó ayer, a preguntas de los periodistas, que son «negativos», aunque consideró «no prudente» adelantar datos por «respeto» a los funcionarios que están trabajando en ellos.

Informes externos

La Conselleria también está pendiente de otros informes de organismos externos como la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Dirección General de Aviación Civil. El primero de ellos debe decidir si hay capacidad hidráulica para abastecer la actuación urbanística, consistente en una tienda de Ikea de más de 80.000 metros cuadrados y un centro comercial 2,5 veces el Plaza Mar 2. El mismo organismo de cuenca ya tumbó el Plan Rabasa, un proyecto de 13.500 viviendas en la misma zona, por falta de suministro.

La Administración autonómica espera tener en la mano estos informes para tomar una decisión, aunque por el momento se le acumulan más los negativos que los positivos. «Hay otros informes y alegaciones, como el del Ayuntamiento de Alicante su último alcalde (el popular Miguel Valor), o el de la Universidad de Alicante», también contrarios, según resaltó ayer la consellera Salvador, que puso como ejemplo el de Fomento porque «no se cumple con los accesos».

Añadió, además, un matiz sobre el tema. Y es que aseguró que cualquier nueva ATE que se presente deberá «garantizar que son de interés público y supramunicipal» y advirtió de que si es necesario, se modificará la ley para que evitar «fines especulativos». Fue muy taxativa al respecto: «Se han terminado las ATE que tenían fines especulativos y aquellos otros que no sean los que define claramente la ley».

En la provincia de Alicante se han presentado dos proyectos bajo la figura de ATE: el proyecto de Ikea en Rabasa y el de La Española en Alcoy. El segundo ya fue aprobado en su día porque reurbanizaba los alrededores de la fábrica y mantenía 750 puestos de trabajo.

Por todo ello, indicó que la decisión «final» sobre la ATE de Ikea dependerá de los informes y «siempre conforme a normativa».

Las intenciones del Ayuntamiento pasan por hacer entender a Ikea que el emplazamiento de Rabasa no les ofrece seguridad jurídica ni rapidez, dos condiciones que la empresa sueca ha exigido para seguir adelante con el proyecto, además de que sea en Rabasa y con el centro comercial anexo. Los técnicos municipales trabajan en ofrecer alternativas a la compañía del mueble en otros puntos de la ciudad y confían, así mismo, en la reducción del macrocentro.