El Consell alegará contra Montoro pero asume que pagará la multa del déficit

El Gobierno valenciano está dispuesto a ejercer su derecho al pataleo en relación con la multa impuesta por la Comisión Europea por la manipulación de los datos del déficit, y que el ministerio de Hacienda ya ha concluido que debe abonar la administración autonómica. El Consell prepara un documento con alegaciones, que presentará como respuesta al «procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades» impulsado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, y que, además de concluir que es la Comunitat Valenciana la que debe pagar los 18,93 millones de euros de deuda, advierte de la posibilidad de tomar ese dinero -si la Generalitat se niega- de la financiación autonómica o de las transferencias y subvenciones a la Comunitat de los Presupuestos Generales del Estado.

Las alegaciones, según las fuentes consultadas por este diario, se basarán en la constatación de que las prácticas que dieron lugar a la ocultación de 1.900 millones de euros de déficit correspondientes a gasto sanitario no estaban tan ocultas. Los sucesivos informes de la Sindicatura de Comptes recogieron esa práctica del Gobierno autonómico y alertaron de la irregularidad de realizar esos gastos sin consignación presupuestaria que se acumularon en un cajón hasta que el Ejecutivo central habilitó los mecanismos extraordinarios para que las autonomías regularizaran todos sus gastos pendientes. El Consell que preside Ximo Puig entiende que si esos informes denunciaron estas prácticas, no se puede alegar que la Intervención General del Estado las descubrió en 2014. Y si es así, cabe concluir que también tiene responsabilidad en lo ocurrido. En definitiva, lo que la administración valenciana intenta es reducir la cuantía de la multa o, si fuera posible, evitarla.

Pero las perspectivas no son optimistas. Al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se le escapó ayer una declaración en la que vino a asumir la posición de fuerza del ministerio de Hacienda -sin cuyo soporte financiero la administración autonómica llevaría colapsada tres años- respecto al Gobierno autonómico. «Es evidente la responsabilidad del Ministerio de Hacienda -en este asunto- pero la Generalitat está dispuesta a asumir su corresponsabilidad, a pesar de haber sido el PP el que ha hecho este despropósito», dijo. Tal y como avanzó el ministerio en su procedimiento, dispone de recursos de sobra como para obtener esos 19 millones de euros de multa sin que la Comunitat tenga capacidad para impedirlo.

¿Pero por qué señaló Puig al ministerio? El jefe del Consell dijo que su Gobierno llegará «hasta el final» para averiguar «quién y por qué se ocultaron» las cifras de déficit de esta Administración autonómica y «por qué no se dio cuenta» de ello el Ministerio de Hacienda. Puig criticó que Montoro y el PP estaban en el gobierno -central y autonómico, respectivamente- cuando se cometió «este despropósito» (la multa es consecuencia de esa manipulación de los datos del déficit entre diciembre de 2011 y julio de 2014) que afecta a la «hipoteca reputacional» que tiene la Comunitat en España y en Europa.

El dirigente socialista insistió en que hay un responsable, que es «el propio ministro», además de la responsabilidad «de origen» de los gestores anteriores de la Generalitat. «Lo que queremos de una vez por todas es que se deje de marear, se atienda la justa reivindicación de la Comunidad Valenciana y el Gobierno de España deje de intentar transmitir que todos los problemas están aquí», remachó. El pataleo.

Las alegaciones que el Gobierno valenciano presentará contra el departamento de Montoro se suman a las que el Ejecutivo central presentará ante la UE. El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, anunció ayer que el Ejecutivo de Rajoy recurrirá la sanción de la Unión Europea por la ocultación de déficit y deuda en la Comunitat Valenciana entre los años 1988 y 2011, ya que, según apuntó, la sanción aplica «un reglamento de noviembre de 2011 a hechos anteriores».

¿Y quién tiene que pagar? Moragues, que durante su mandato como conseller de Hacienda en el Gobierno presidido por Alberto Fabra defendió que debía ser el Ejecutivo central el que debía hacer frente a la multa de la UE, señaló ayer que la intención «es no pagar esa sanción porque se va a recurrir y se va a solicitar la suspensión para que no se tenga que pagar». Moragues dijo que «las instituciones europeas han dicho que ha habido total y absoluta colaboración y cooperación de Gobierno de España y del autonómico anterior en el esclarecimiento de estos hechos y en la puesta de manifiesto de lo que no deja de ser una mala practica contable desde 1988 a 2011», dijo.

«La sanción es al Reino de España y se ha abierto un procedimiento para ver a quién corresponde, pero la intención es no pagar esa sanción porque se va a recurrir y solicitar su suspensión», remachó.

Por su parte, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, señaló ayer a este diario, en relación con el anunció del Gobierno central de colocar el pago de la multa a la Comunitat, que se trata de una «inasumible e inadmisible porque esa multa tiene que ver con la propia gestión del señor Montoro. Lo que no puede ser es que el ministro, por necesidad de echarle la culpa del déficit a Salgado, no negoció con Bruselas que los déficits agregados fuesen permitidos». El conseller confirmó que el Gobierno valenciano alegará. «Es que se trata de una situación irregular que se produjo anteriormente a nuestra llegada al Consell y Montoro podía haber negociado con Bruselas, pero no hizo nada», añadió.

Pregunta de Rosa Díez

Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quiere saber qué medidas ha adoptado el Gobierno para depurar responsabilidades por la manipulación del déficit en la que incurrió la Comunidad Valenciana entre 1998 y 2011, bajo gobiernos del PP. Díez pregunta si «piensa obligar» a la administración valenciana, ahora gobernada por PSOE y Compromís, a «cubrir los gastos de la sanción» impuesta por la Comisión Europea.