Una banda que recurría a menores para robar en sus casas acepta penas mínimas

La Audiencia Provincial de Alicante sentó ayer en el banquillo de los acusados a una banda que se dedicaba a robar joyas en el municipio alicantino de Pego, aunque no lo hacían mediante violentos asaltos o perforando las paredes de establecimientos como harían los butroneros. Estos procesados fueron juzgados por un delito de receptación y varios contra la salud pública.

Según sostenía el Ministerio Público, y así lo reconocieron los trece imputados, utilizaban a menores de edad para que sustrajesen los efectos de valor a sus padres a cambio de dinero y drogas. Para ello, los jóvenes desvalijaban los domicilios familiares para obtener su recompensa y los adultos pudieran hacer caja en negocios de compra de oro.

La Fiscalía pedía de inicio penas que iban desde el año y tres meses de cárcel hasta los seis años y que en total sumaban 38 años y 9 meses entre rejas. Sin embargo, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad por el que las condenas quedaron rebajadas a la mitad tras el reconocimiento de los hechos. Es decir, las peticiones de pena quedaron en año y diez meses para varios de ellos por uno de los delitos contra la salud pública, como uno de los defendidos por el letrado Moisés Candela Sabater.

Mientras, para el acusado que se enfrentaba a una pena de seis años entre rejas, la condena se rebajó hasta la mitad. Según recoge el escrito de acusaciones, los delincuentes captaban a los menores para luego poder vender las joyas a establecimientos de compra de oro de la localidad de la Marina Alta.

La Guardia Civil desarticuló en el año 2012 el grupo organizado de jóvenes delincuentes que presuntamente se dedicaba a la captación en un parque de Pego de menores a los que instaban a sustraer objetos de valor en sus respectivos domicilios familiares a cambio de dinero o droga. Según la investigación del Instituto Armado, los chavales se hacían con piezas de valor, como pendientes de comunión, pulseras de bautizos y piedras preciosas guardadas en casa.

Las pesquisas arrancaron tras el conocimiento a comienzos de 2012 de que se estaban produciendo sustracciones en varios domicilios del municipio con un denominador común: todas las viviendas contaban con hijos adolescentes. Así, en mayo de ese año se puso en marcha el operativo que se saldó con hasta quince detenciones en dos días por estos hechos.