César Sánchez vuelve al consejo del Puerto por decisión del Gobierno

La Diputación Provincial de Alicante volverá a formar parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, de la que quedó fuera por primera vez en democracia por decisión de la Generalitat Valenciana. Pero ha tenido que recurrir al Gobierno central para que el presidente provincial, César Sánchez, se siente en el órgano portuario, un objetivo fundamental para presentar allí la zona franca.

El Ministerio de Fomento ha sustituido al subdelegado del Gobierno, Alberto Martínez, por el presidente provincial dentro de los consejeros propuestos por el departamento que dirige Ana Pastor. Este caso se ha dado también en Castellón, puesto que Javier Moliner sustituirá al representante del Ejecutivo en el consejo portuario castellonense.

Fomento ya ha remitido una carta a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en la que notifica la propuesta del Gobierno de incluir en el máximo órgano representativo de las estaciones marítimas portuarias a los dos dirigentes provinciales.

El texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en su artículo 30.2, recoge que tienen representación en el ente directivo por parte de la Administración General del Estado el capitán marítimo de cada provincia, como miembro nato, así como otros tres vocales de los que uno es abogado del Estado y los otros dos, de Puertos del Estado. Además, entran otros consejeros por designación política provinientes del municipio término del puerto (en este caso, Alicante, que eligió al alcalde, Gabriel Echávarri, y al vicealcalde, Miguel Ángel Pavón), mientras que la Generalitat nombró al concejal alicantino de Compromís Natxo Bellido; al exedil de la UA Ignacio Jiménez Raneda; Andrés Francisco Rico Mora, urbanista; y Gracia Enguix, arquitecta municipal de Aspe. El Ministerio de Fomento tampoco lo incluyó, puesto que era tradición que fuera la Administración autonómica quien incluyera a un representante de la Diputación Provincial. Para sorpresa, por primera vez en democracia, no tenía sitio.

La exclusión de la Diputación Provincial de Alicante del consejo de administración de la Autoridad Portuaria se ha entendido como un intento de la Generalitat Valenciana por menoscabar el poder de la institución, que el Partido Popular consiguió retener tras las elecciones de mayo gracias a un pacto con Ciudadanos.

Además, uno de los proyectos más importantes que ha presentado el gobierno provincial ha sido la zona franca del puerto. Sin presencia en el consejo de la Autoridad Portuaria, era imposible elevar la petición a Fomento para conseguirla, por lo que Puig desmontaba una iniciativa que cuenta con el aval de las principales asociaciones empresariales de Alicante.

Primeros choques

Fue uno de los primeros choques entre ambas administraciones, que después se ha reproducido con otros asuntos como el plan de ayudas para libros creado por el Consell. Contó con la fuerza económica de las instituciones provinciales, que no sabían nada del plan hasta que se hizo público.

Desde que no se le nombró, César Sánchez ha reivindicado volver al consejo de administración, pero sus peticiones han caído en saco roto a los oídos de Ximo Puig, que no ha movido un dedo.

Por tanto, los populares alicantinos han recurrido al Gobierno de España para volver. Y, como no se fían, en el documento ministerial se insta al Consell a que, tras formalizar esta propuesta, se le comunique los cambios realizados en la composición del organismo portuario.