Ciudad de la Luz destituye a Escrivá y da el control a un exedil del PSOE en Valencia

A la espera de respuestas de Europa pero, al menos, con la intención de minimizar gastos y estar preparados para reaccionar ante el nuevo futuro. Estas podrían ser las conclusiones, en síntesis, de la reunión que celebró ayer el Consejo de Administración de Ciudad de la Luz, del que la principal decisión que salió fue el cese de José Antonio Escrivá como director general y la designación de Miguel Mazón Hernández como consejero delegado, suprimiendo así un sueldo fijo en la gestión del complejo.

La cesión en el cargo y el nuevo nombramiento fueron anunciados por el secretario autonómico de Modelo Económico de la Generalitat Valenciana y presidente del consejo de administración de Ciudad de la Luz, Julián López, al término de la primera reunión de trabajo de este órgano, una vez renovado tras el cambio del gobierno autonómico. En la comparecencia de prensa estuvo acompañado por la directora general del Sector Público, Ángeles Cuenca, y la directora de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, Eva Martínez.

«Con el cese de Escrivá y el nombramiento de Mazón como consejero delegado evitamos un sueldo», de unos 55.000 euros anuales, ya que el cargo del nuevo responsable «no tiene sueldo fijo, sino que cobrará las dietas y las estancias que necesite para desempeñar su actividad», confirmó López.

Además, el nuevo Consejo de Administración acordó solicitar una auditoría para conocer los gastos que supone el complejo pese a su inactividad, que según las cuentas presentadas por el anterior consejo de Ciudad de la Luz, hay unas pérdidas de entre doce y trece millones de euros. El actual consejo no aprobará estas cuentas hasta conocer el resultado de la auditoría, con la que «intentaremos minimizar gastos mientras esperamos una respuesta de la Comisión Europea», puntualizó el presidente del ente gestor.

El nuevo consejero delegado, Miguel Mazón Hernández, es licenciado en Derecho y doctor en Economía, fue secretario general de Hacienda de la Generalitat Valenciana desde 1984 a 1995, desempeñó el cargo de concejal en la ciudad de Valencia desde 1995 a 1999 y fue miembro del consejo de Radio Televisión Valenciana (RTVV), desde el año 2000 al 2011, en el que mostró gran actividad de denuncia hacia la gestión del ente autonómico de comunicación.

De la reunión de los miembros del Consejo de Administración de Ciudad de la Luz salió en firme el cese del director y el nombramiento del nuevo consejero delegado, pero el contexto de trabajo y el futuro del complejo cinematográfico queda a expensas de la respuesta que dé la Comisión Europea a la propuesta que le presentó el Consell el jueves de la semana pasada. «Nos han comentado que suelen ser rápidos en responder. Si tardan será buen signo, porque seguramente sea porque están analizando en profundidad las alternativas a la subasta que les planteamos», indicó confiado López.

Abanico de posibilidades

En cualquier caso, desde la Generalitat presentaron, «pese a tener únicamente una semana para elaborar el documento», apuntó el secretario autonómico, un amplio abanico de posibilidades para la futura gestión de Ciudad de la Luz evitando la segunda subasta, que abriría la venta de los estudios por precios que superaran el 20 % del valor estimado en la primera puja.

La principal apuesta de la Generalitat pasa por hacer una dación en pago con los activos del complejo, es decir, se devolverían los 265 millones de euros al propio Consell y la gestión pasaría a ser pública. Si se diera por buena esta propuesta desde Europa, «rápidamente nos reuniríamos para abordar un plan estratégico para Ciudad de la Luz».

En el polo opuesto sería la negativa de Europa a cualquier alternativa, por lo que seguiría el proceso de venta mediante una nueva subasta. No obstante, es aquí donde ayer se establecieron algunas aclaraciones respecto al proceso. La Comisión Europea, sea cual sea el futuro de Ciudad de la Luz, se reserva el derecho de aprobar la actividad que en ella se desarrolle, por lo que tanto si la gestión siguiera siendo pública como si pasara a manos privadas, la última palabra la tiene el estamento europeo.