El Ayuntamiento sopesa resolver el contrato de limpieza con Ortiz

La 'guerra de la basura' entre el Ayuntamiento y la concesionaria del servicio de limpieza, UTE Alicante, parece que vaya a más a cada día que pasa y la ciudad sigue muy sucia. El alcalde, Gabriel Echávarri, aseguró ayer en los micrófonos de la 'Cadena SER' que el equipo de gobierno sopesa «resolver el contrato si no se empieza a cumplir» el pliego de condiciones. La anterior Corporación dejó firmado ocho años con la actual contrata, en la que participa el empresario Enrique Ortiz, de los que ya han pasado dos.

Hasta entonces, el Ayuntamiento tendría que cargarse de razones para resolver uno de los contratos más caros que se han adjudicado en la historia municipal, ya que se enfrenta a un largo proceso judicial en la que UTE Alicante podría pedir daños y perjuicios por lucro cesante. Sería una cantidad tan alta que el Ayuntamiento «no podría hacerla frente», como reconoció el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón. Por ello, nadie del equipo de gobierno había ido tan lejos como ayer el alcalde.

A pesar de que empresa y Consistorio han quedado el próximo miércoles para mantener una reunión para que se haga un plan de choque en materia de limpieza, las acusaciones entre ambos no cesan. Echávarri manifestó ayer que «hay una parte de la UTE que está desafiando al Ayuntamiento y su obligación es mantener limpia la ciudad». El alcalde de Alicante acusó a Enrique Ortiz de «desafiar a toda la ciudad» por pedir más dinero para mejorar la limpieza y denunció que se incumplen las condiciones del contrato. El equipo de gobierno ya ha solicitado un plan de choque en toda la ciudad, pero los responsables de UTE Alicante reclaman más dinero. Hace un año, con el PP al frente del Consistorio, ya se realizaron limpiezas especiales sin mayor coste para las arcas municipales, a pesar de que el entonces concejal, Andrés Llorens, dijo de pagar un millón extra.

El Ayuntamiento ha comenzado a imponer sanciones a la contrata de limpieza por el estado general en el que está la ciudad y está creando un departamento de inspección para que vigile el cumplimiento de las órdenes de limpieza. De lo contrario, continuarán las sanciones hasta conseguir suficientes pruebas para resolverlo y poder ir a los tribunales con razones para ganar el pleito.

Es el último recurso que le queda al Ayuntamiento para solucionar el que, ciudadanos y políticos al unísono, reconocen como el mayor problema actual de la ciudad.