Los discapacitados y pensionistas con rentas bajas quedan libres del copago farmacéutico

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, aprovechó ayer su comparecencia en Les Corts para lanzar un paquete de nuevas medidas que forman parte de su declaración de intenciones cuando tomó posesión del cargo. Una de ellas es la eliminación del polémico copago farmacéutico que, además de a los discapacitados, se extenderá a los pensionistas con rentas inferiores a 1.000 euros mensuales. Ambos colectivos quedarán exentos de realizar esta aportación económica, que entró en vigor con los recortes y puso fin a la gratuidad de los medicamentos dispensados en las farmacias.

Todavía no hay fechas para su aplicación ni la fórmula que la Conselleria utilizará. Hay que tener en cuenta que se trata de dos copagos diferentes. El primero se puso en marcha en julio de 2012, estaba incluido en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno central para lograr un ahorro sanitario y obliga a la mayor parte de los pensionistas a pagar un 10% del precio de sus medicinas.

El segundo de los copagos, el de los discapacitados, entró en vigor en febrero de 2013 y su eliminación era un compromiso que adquirieron los partidos de la oposición cuando la Generalitat, gobernada por el PP, suprimió del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunitat, que ponía fin la gratuidad farmacéutica a los menores con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y a los adultos con grado igual o superior al 65%.

Este cambio legislativo supuso un varapalo para el colectivo, que emprendió una batalla de movilizaciones para exigir al entonces conseller de Sanidad, Manuel Llombart, su derogación. El PP alegó que no era posible porque estaban obligados por el Gobierno Central a cobrar esta aportación. Una justificación que fue rechazada por los discapacitados, que incluso presentaron un informe jurídico de la Universitat de València donde se desmontaba este argumento.

Ahora, desde el departamento de Montón se quieren revertir estos recortes. Preguntado por los plazos y si será inminente, desde la Conselleria no pudieron concretar fechas ni tampoco la fórmula que utilizarán para el caso de los pensionistas, -solo para aquellos con rentas inferiores a 1.000 euros-, ya que se trata de un copago incluido en el real decreto. Las citadas fuentes pusieron como ejemplo la situación de los inmigrantes irregulares, que en la Comunitat han recuperado la sanidad gratuita pese a tratarse de otra medida nacional.

Durante su comparecencia en Les Corts, Montón argumentó que un 7,9% de los ciudadanos de la Comunitat «ha dejado de tomar en los dos últimos meses algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no podían pagarlos», algo que calificó de «desoladoramente injusto». Con esta supresión, según reiteró, se evitará que «muchos tengan que elegir entre seguir la medicación que le ha recetado o ayudar a sus familias».

Los conciertos

Otro de las líneas en esta legislatura se centrará en la revisión de los diferentes conciertos. Sobre las listas de espera, la titular solo manifestó que favorecerá el autoconcierto, que supone intensificar los quirófanos por la tarde en los hospitales públicos para reducir las demoras formando equipos médicos. Sin embargo, Montón sigue sin pronunciarse sobre el desvío de pacientes a clínicas privadas, es decir, qué hará con el Plan de Choque.

Este programa fue eliminado por el PP en verano de 2012, como otra de las medidas para ahorrar, pero tuvo que retomarse un año después al desbordarse las listas de espera. Los hospitales públicos, con el recorte de plantillas, no pudieron absorber tanta demanda. Aun así, el volumen de pacientes que se remiten a través del Plan de Choque se ha reducido de forma significativa.

En el caso de las resonancias magnéticas, la titular afirmó que el primer paso para la integración plena del servicio a la red pública vendrá de la mano de los radiólogos de los centros públicos donde hay equipos de resonancia privados. Ellos se encargarán de supervisar las exploraciones, en lugar de los profesionales de las empresas. Este modelo se extenderá de forma progresiva a todos los hospitales donde está vigente el concierto, que concluye en 2018. Además, adelantó que se publicarán en el Portal de Transparencia de la Generalitat los contratos de las concesiones administrativas, a las que además se someterá a una «escrupulosa fiscalización».