El Pleno da los primeros pasos para implantar la zona franca en el puerto

El anodino Pleno de ayer por la mañana representó las tres líneas políticas que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Alicante: el equipo de gobierno corrigiendo muchas de las actuaciones de la anterior Corporación; el PP intentando montar una oposición sin que le recuerden sus veinte años en el poder y Ciudadanos dando a unos y a otros según el tema, a veces con guante de seda como su portavoz, José Luis Cifuentes, y otras de hierro como el edil Vicente Buades.

De lo nuevo, la creación de una comisión mixta Puerto-ciudad, que en la práctica será la opinión municipal sobre el proyecto de zona franca que impulsa la Diputación de Alicante. Se constituirá como «órgano consultivo y participativo en materia de desarrollo del puerto, gestión de su planteamiento y determinación de la idoneidad de una zona franca».

El popular Carlos Castillo fue el encargado de explicar la moción, que fue aprobada por unanimidad tras incluir una enmienda 'in voce' del vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, para que también se incluyera los aspectos medioambientales y, sobre todo, la descarga de graneles.

Sin embargo, a pesar del voto favorable, el tripartito quiso marcar distancias. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, mostró su «sorpresa» por el interés del PP por el Puerto «después de veinte años» y expuso que, por ejemplo, «pusieron al pentaimputado Ripoll» y «el anterior presidente ni iba a las reuniones del consejo de administración».

El portavoz de Ciudadanos intentó poner paz, visto que las respuestas del gobierno eran siempre las mismas: «Dejemos la desconfianza en el pasado», le replicó a Bellido. Pero el alcalde sentenció: «El Puerto es un fracaso colectivo. Empresas como Famosa o Aludium (antigua Alcoa) embarcan en Valencia por la falta de liderazgos de los presidentes del Puerto y los alcaldes de Alicante», con lo cual dio el visto bueno a aprobar esta comisión.

A pesar de que salió adelante la moción, Castillo pidió al tripartito que «deje de mirar el retrovisor y se fije en el frente, porque se pueden estrellar». La portavoz popular, Asunción Sánchez Zaplana, les puso la coletilla de «oposición de la oposición». Y es que los populares comienzan a sentir en sus carnes el rodillo que han aplicado tantos años.

Castillo también fue el encargado de explicar la versión popular en la recuperación de la gestión de tributos y romper con SUMA. Admitió que el convenio se realizó porque el Ayuntamiento estaba «al borde del estrangulamiento» financiero por la caída de ingresos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que suponía el 18% del PIB de la ciudad. Aseguró que los anticipos de seis millones mensuales les permitieron «pagar las nóminas».

Por su parte, Sánchez Zaplana tardó en dejarse escuchar hasta bien entrada la sesión. Se quejó de que les dejan fuera de todos los temas de interés para la ciudad como la comisión para coordinar la llegada de refugiados sirios (que reclamaron en una moción, aunque ya estaba constituida hace dos semanas) y que el equipo de gobierno abusaba de los asuntos de urgencia para aprobar todo tipo de cuestiones, desde temas de Hacienda hasta la retirada de la ordenanza de prostitución. Ciudadanos compartió la misma queja, aunque en esta ocasión el alcalde se lo reprochó: «Leerse tres folios entre seis concejales no es tanto trabajo», les espetó.

En el tema de la ordenanza de prostitución Sánchez Zaplana recordó ante las críticas a su gestión que el PP eliminó las chabolas de la ciudad (lo repitió hasta en tres ocasiones). Pero Bellido le echó en cara que ella misma, como concejal de Acción Social, votó la ordenanza que ahora se quiere derogar: «Qué papelón», le dijo.