Echávarri advierte a la UTE de limpieza de que no repercuta las multas a los empleados

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, advirtió ayer a la unión temporal de empresas adjudicataria del servicio de recogida de basuras de la ciudad de que no repercuta en los sueldos de la plantilla las posibles multas que se le impongan por incumplimientos en la contrata. UTE Alicante, que es el nombre de esta sociedad de empresas, está formada por Cespa; Fomento, Construcciones y Contratas (FCC); Ingeniería Urbana (Inusa) y Cívica Construcciones y Contratas, las dos últimas firmas vinculadas al empresario Enrique Ortiz.

Echávarri explicó que tiene sospechas de que la UTE pueda tratar de recortar los sueldos para afrontar las multas que se puedan establecer desde la Concejalía de Limpieza, que dirige Víctor Domínguez. De hecho, este departamento ya ha impuesto varias sanciones a la empresa por incumplimiento del pliego de condiciones y está creando un cuerpo de inspectores dedicados a certificar que se cumplan los trabajos asignados por el servicio.

Las cuantías de estas sanciones por el momento son muy escasas, apenas de unos miles de euros en una contrata de muchos millones. Sin embargo, el regidor tiene información de que los jefes de la UTE «ya han dicho a los trabajadores que las multas... a ver qué hacen» con ellas, ante lo cual Echávarri ha hecho hincapié en que las hipotéticas sanciones «son a la empresa por incumplimientos empresariales», por lo que «si repercuten un solo euro de una sanción al trabajador para que las paguen de su salario, nos van a tener enfrente».

Echávarri aseguró que si ocurriera esta situación en el Ayuntamiento se pondrían «muy serios», sin especificar hasta dónde. El regidor ya avisó de que el Ayuntamiento sopesa rescindir el contrato con la adjudicataria (faltan seis años para que se cumpla) si ve suficientes elementos jurídicos como para enfrentarse a un proceso judicial en el que se le reclamaría al Consistorio una suma millonaria por lucro cesante.

«Le hago una advertencia a la empresa», subrayó Echávarri antes de proseguir: «Que no se le ocurra repercutir el importe de las sanciones a los trabajadores» porque las posibles multas no son consecuencia del trabajo de éstos sino que son «incumplimientos de la empresa».

Echávarri abundó en que cuenta con «un listado muy amplio de incumplimientos empresariales».

Además, adelantó que pedirá por escrito a la concesionaria que el Ayuntamiento pase a estar presente en la comisión de seguimiento del servicio, así como en la de seguridad y salud y en otra más donde no forma parte el Consistorio, pese a que en esos órganos «se deciden muchas cosas con una mayoría empresarial».

El alcalde encabezará una delegación del equipo de gobierno municipal que se reunirá con la UTE el próximo día 30 a las 9 horas, reunión a la que Echávarri manifestó que no tiene «inconveniente» que acudan los partidos de la oposición.

Precisamente, el PP se quejó en el Pleno del pasado jueves que el nuevo equipo de gobierno cuenta con ellos para temas importantes de la ciudad, como es sin duda el de la limpieza. De hecho, los populares han hecho de este tema uno de los sus principales argumentos de oposición.

Por otra parte, Echávarri afirmó que el equipo de gobierno municipal continúa trabajando para tratar de ofrecer «nuevas ubicaciones» para la implantación de la multinacional del mueble Ikea. No hay novedades con respecto al día en que los dos representantes de Ikea llegaron al ayuntamiento y se marcharon precipitadamente al ver que había fotógrafos antes de la reunión. «Nos dijeron que tenían que reunirse con la Generalitat y todavía no se ha producido. Seguimos trabajando para tener estas nuevas ubicaciones, para llamarles y ofrecerles. No hay nada desde lo último que fue lo de aquí y la reunión de Ikea con el jefe de la oposición, el señor José Luis Cifuentes, en un despacho de abogados», dejó caer el alcalde.