«Tenemos grandes limitaciones para invertir por hipotecas del pasado»

La consellera de Derecho a la Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, apuesta por las infraestructuras de movilidad como prioridad de su departamento, junto con la lucha contra los desahucios y por facilitar una vivienda a todos ciudadanos. Respecto a la gestión heredada del Partido Popular, la califica de «parálisis absoluta» y pone como ejemplo la no adjudicación en 20 años de las líneas de transporte interurbano. Su pelea frente a Madrid se centrará de manera prioritaria en el Tren de la Costa, la liberalización de la A-7 y el Corredor Mediterráneo.

- ¿Qué supone para usted ser consellera?

- Agradecimiento al presidente Puig por haber contado conmigo para formar parte del primer gobierno progresista de la Comunitat después de 20 años del PP. Lo asumo con muchas ganas, ilusión y compromiso.

- ¿Cuáles son los retos para esta etapa?

- En primer lugar, queremos abordar un cambio radical en política de vivienda, elaborando una ley por la función social de la vivienda justo ahora que, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, somos la segunda comunidad con más desahucios de toda España. Pese a que las competencias son estatales y exigen cambios legislativos, queremos que aquí no sea una cuestión privada entre los bancos e intervenir desarrollando acciones de derechos sociales. Consideramos la vivienda como un derecho subjetivo de las personas.

-¿En qué situación se ha encontrado la Conselleria?

- Aunque tradicionalmente es una de las consellerias más inversoras, la hemos encontrado bastante paralizada y con una falta de planificación, como lo evidencia la paralización de las actuaciones en el Metro de Valencia y el Tram de Alicante, o la provisionalidad de todas las líneas de autobuses interurbanas, que llevan caducadas más de 20 años, al igual que sucede con muchas licencias de puertos deportivos.

- ¿Podría ser más explícita en lo referente a los autobuses?

- Es el ejemplo más claro de parálisis heredada del PP. Las 74 concesiones de autobús existentes en toda la Comunitat llevan caducadas estos veinte años de gestión del PP, en los que se ha vivido de prórrogas y prórrogas, y ahora hay que adjudicar todo desde cero.

- ¿Y la situación financiera?

- Con unas graves dificultades económicas y grandes limitaciones para invertir por hipotecas del pasado. Por ejemplo, hasta fin de año solo queda por ejecutar el 2%, y respecto al presupuesto de 2016, tenemos ya hipotecados en las cuentas de este año 23 millones de euros en actuaciones ya realizadas de una previsión inicial de 19 millones, y en actuaciones de carreteras está hipotecado el 87% del presupuesto.

- ¿Cómo va a invertir?

- Con las limitaciones económicas tenemos que abordar muy en profundidad las inversiones para toda la legislatura, haciendo muy bien los números y priorizando aquellas inversiones que solucionen problemas de comunicación y movilidad de la gente, y que tengan rentabilidad social. Este va a ser nuestro principal reto, para que la Comunitat esté mejor conectada entre los municipios del interior y de la costa. Tenemos que planificar en base a crecimiento sostenible, lejos del 'boom' inmobiliario que nos afectó y nunca volverá a ser como entonces, apostando por la rehabilitación en materia de vivienda, como segunda oportunidad para los extrabajadores de la construcción.

- ¿Se van a reactivar las actuaciones paralizadas en el Tram?

- Todas las inversiones pendientes en Alicante se están estudiado, especialmente las relacionadas con el Tram, como el túnel de la Serra Grosa, la conexión con Adif y la duplicación de la línea entre Alicante y Benidorm, por entender que son prioritarias. Pero lo debemos estudiar con rigor y solo anunciar lo que se puede ejecutar para recuperar la credibilidad de los políticos, frente a los falsos anuncios del anterior gobierno. De momento, hemos priorizado la modernización de la línea nueva, una de las más turísticas de FGV, y ahora en octubre se iniciarán nuevos trabajos en este sentido, y pretendemos redoblar inversiones.

- ¿Habrá proyectos nuevos?

- Va a haber un replanteamiento de la política. Del Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020 anunciado por Camps en 2009 no se ha ejecutado ningún proyecto. De hecho, ahora tocaba revisar todo el plan, y al no haber nada ejecutado, todo se puede revisar. Algunos proyectos en fase de redacción ya están revisando. Es momento de revisar y fijar prioridades.

- Y el Corredor Mediterráneo, ¿cuál es la posición del Consell?

- El nuevo gobierno de progreso defiende un Corredor tal y como se plantea en Europa, es decir, de doble plataforma y ancho europeo, en lugar de un tercer carril, que es el proyecto del PP, porque no va agilizar ni el tráfico de mercancías ni va a mejorar la competitividad de nuestros productos. Además, hay que denunciar los incumplimientos del Gobierno central y el retraso de la inversión, porque para 2016 el Estado va a consignar una inversión de 122 millones para el Corredor y el tercer carril, encontrándonos siempre una limitación del proyecto y de la inversión que no se puede consentir.

- ¿Cómo se va a exigir su ejecución al Gobierno central?

- Lo que ha calado en la sociedad civil y en el sector empresarial es el maltrato inversor del Gobierno de España hacia esta comunidad, escenificado en el Corredor Mediterráneo. El inicialmente proyectado es el que necesitan nuestras empresas, y lo hemos trasladado al Ministerio de Fomento, aunque aún no hemos sido recibidos después de dos meses de haber solicitado una reunión para tratar los incumplimientos permanentes en infraestructuras.

- ¿Y el Tren de la Costa, ¿se va a ejecutar?

- Es otro de los proyectos incumplidos por el Gobierno central que ni siquiera ha realizado un informe de viabilidad que se derivaba de aquel convenio. Intuimos que a ello dedicarán los 300.000 euros presupuestados para 2016. Para nosotros, la conexión con la costa alicantina, donde reside el núcleo turístico más importante, es una inversión fundamental además de mejorar la comunicación de los vecinos. De hecho, es una de las exigencias de inversión razonable que trasladamos al Ministerio para que la agilice de forma inmediata tras el retraso generado estos cuatro años.

- ¿También van a exigir la modernización del resto de Cercanías?

- Por supuesto, es una de nuestras prioridades, ya que el convenio firmado entre el Gobierno de Zapatero y la Generalitat para modernizar los trenes de Cercanías ha estado paralizado estos años por el PP, y eso es una prioridades de la reunión con la ministra de Fomento.

- ¿Se mantendrá la gestión pública del Tram?

- La línea de Alicante que está gestionando Ferrocarriles de la Generalitat continuará siendo publica, y así lo hemos trasladado al comité de empresa de Alicante. La política de este gobierno es apostar por el transporte público. Es una cuestión de enfoque y de convicción de incentivar el uso transporte público mejorando sus servicios.

- ¿Se va a liberar la autopista A-7?

- Esperamos que se produzca en 2019 cuando se acaba la concesión. Así se ha manifestado este gobierno, y esperamos que desde el ministerio así se haga. Y además, hemos solicitado al Ministerio de Fomento que empiece a planificar ese momento las nuevas conexiones que habrá que hacer, lo que solucionaría la mayor parte de puntos negros

- En materia de vivienda, ¿qué se va a priorizar, el acceso a la misma o evitar desahucios?

- Estamos trabajando en varias medidas en la nueva ley que garantice el derecho a la vivienda y en una mesa técnica por la prevención de los desahucios, además de mantener negociaciones con los bancos para tratar de frenarlos, así como actuaciones para habilitar todo el parque de viviendas públicas para ponerlas al servicio de los ciudadanos buscando alternativas habitacionales cuando no se puedan evitar.

- ¿Se va a cambiar la Ley urbanística valenciana?

- Vamos a acometer una reforma en profundidad para dar seguridad jurídica en esta materia y para que sea más sostenible medioambientalmente.

- ¿Qué opina de la no presencia del presidente de la Diputación en el consejo del puerto de Alicante, hasta que ha sido subsanada por el Ministerio de Fomento?

- No ha sido vetado. El presidente de la Diputación de Alicante debe leerse la ley y saber que las diputaciones no tienen una presencia institucional en los puertos. Según la ley, en los consejos de administración de los puertos hay una representación del Estado, que la nombra el Gobierno, una representación de la administración autonómica que la nombra el Consell, una de los empresarios y de los sindicatos, que los nombran sus representantes, y de los ayuntamientos que los nombran los municipios.