Un fraude de 6 millones a Hacienda llevará a Ortiz al banquillo en enero

Un presunto fraude a Hacienda llevará al empresario Enrique Ortiz al banquillo de los acusados por segunda vez. La cita en el Palacio de Justicia está prevista el próximo 19 de enero de 2016, donde el industrial deberá rendir cuentas por las supuestas operaciones con Hansa Urbana SA por las que el fiscal le acusa de defraudar a la Agencia Estatal Tributaria (AET) a finales del año 2005. Más de seis millones de euros de euros podrían haber estafado al fisco con el arrendamiento de nueve fincas rústicas en San Juan de Alicante, propiedad de Hansa, a empresas de Ortiz y su entorno, operaciones que la acusación pública entiende que no se ajustaban a la realidad.

El Ministerio Público reclama a los seis imputados en la causa, entre los que se encuentran el presidente de la mercantil Hansa Urbana SA, Rafael Galea y otros empresarios muy cercanos a Enrique Ortiz como su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, Rafael Ballester, Vicente Pérez Cañas y Aurelio González Villarejo. Estos dos últimos compartían también imputación con el empresario en los presuntos amaños del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.

Sin embargo, el instructor de la pieza del urbanismo de la capital alicantina desgajada del 'caso Brugal' archivó la causa tanto para Pérez Cañas como para González Villarejo. No corrió la misma suerte Enrique Ortiz, quien sigue imputado como el presunto cabecilla del entramado para obtener cuantiosos beneficios con el suelo de la ciudad al amparo de los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, quienes también siguen imputados.

Del 'caso Brugal' nació el primer juicio al que se tuvo que enfrentar el conocido constructor. Concretamente, por la pistola que apareció en una caja fuerte de sus oficinas centrales de Cívica. Sin embargo, de aquel asunto salió indemne, ya que el juez lo absolvió. El cierre del procedimiento espera a que la Audiencia Provincial resuelva el recurso interpuesto por la Fiscalía al fallo del juzgado de Alicante.

Ahora restan cuatro meses para que Ortiz regrese al Palacio de Justicia de la capital. Allí, el Juzgado de lo Penal 1 celebrará el juicio por los presuntos tejemanejes para defraudar a la Agencia Tributaria. El fiscal especializado en delitos económicos y tributarios de la Audiencia Provincial, Antonio López Nieto, sostiene que todos ellos se confabularon «con ánimo de obtener un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda».

El presunto fraude fiscal se centró en nueve fincas rústicas ubicadas en el denominado Pau 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, que Hansa Urbana SA tenía contabilizadas como terrenos destinados a la venta y a la obtención de las consiguientes plusvalías. Se trata de nueve parcelas ubicadas en una de las zonas de expansión urbanística de la ciudad en la pasada década y la promotora, participada en su época por la extinta Caja Mediterráneo (CAM), solicitó su recalificación, por lo que quería edificar en ellas, según el fiscal.

La propietaria simuló supuestamente, en colaboración con las mercantiles de Ortiz y Villarejo, dos contratos de alquiler de las fincas por un importe total cercano a los 3 millones de euros como activos de la empresa dedicados a servir de forma duradera a la obtención de beneficios mediante el alquiler.

El representante del fiscal les reclama además a todos los procesados multas de 10 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de gozar de subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos tanto fiscales como de la Seguridad Social durante otros cinco años.