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Eva María Lahoz
Miércoles, 30 de septiembre 2015, 01:11
El equipo de gobierno acude hoy a la reunión con la UTE Alicante, adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos, con las pistolas cargadas. Tras las manifestaciones del alcalde, Gabriel Echávarri, en las que advertía a la UTE de que no iba a permitir que repercutiese en los trabajadores, con rebajas de sueldos, las cuantías de las sanciones por incumplimiento del pliego, ayer su segundo de a bordo, Miguel Ángel Pavón, iba más allá en sus declaraciones al respecto y amenazaba incluso con «rescindir el contrato» con la adjudicataria si se mantienen estos incumplimientos.
Y le echaba la culpa de los conflictos con la UTE enteramente a Enrique Ortiz, que participa con Cívica e Inusa en el conglomerado.
«Es una especie de pulso el que mantiene con el equipo de gobierno y veremos cómo acaba», señaló en una entrevista para 'Radio Alicante'.
El edil de Guanyar llegó a poner en duda la continuidad del empresario en la adjudicataria. «No sé cuánto tiempo durará Ortiz en la UTE, hay más empresas y yo no sé si estos socios valoran positivamente la actitud de este señor, que parece que es el que lleva la voz cantante».
A su juicio, las empresas de Ortiz «no sabemos lo que anteponen ante cuestiones que deben cumplir».
«Les pagamos más de 30 millones al año y lo mínimo que tienen que hacer es poner todos los medios a disposición de tener una ciudad limpia, y no la tenemos actualmente. Antiguamente se le pagaban unos sobrecostes muy generosos, de medio millón al mes, pero eso ya no va a volver a ocurrir», sentenció.
Como concejal de Urbanismo, Pavón se refirió ayer también a los trámites que se están realizando para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sentido, se comprometió a que el primero de los dos documentos que tienen que elaborarse, el plan estructural, esté acabado antes de que termine la legislatura para ser informado. Después se elaborará el plan pormenorizado.
El concejal destacó que el nuevo PGOU no conllevará un «incremento significativo» del suelo urbanizable, como sí lo hacía el que se ha paralizado. «Apostaremos por la rehabilitación y por la protección del patrimonio», destacó.
Sí que se incorporará el suelo de Rabasa, para tramitarlo dentro del PGOU y no fuera, como se pretendía hacer con la ATE de Ikea.
Respecto a la implantación de esta multinacional, Pavón incidió en que la postura del tripartito es «Ikea sí, macrocentro no» y llegó a decir que es «su Biblia».
La redacción del PGOU, como ya anunció, será dirigida por técnicos municipales, aunque se contrate a especialistas para determinados informes. Para ello se creará una Oficina del Plan General, vinculada al servicio de planeamiento.
Además, Pavón anunció ayer que se va a crear un servicio de informes y proyectos dentro de Urbanismo por el que pasarán todos los proyectos municipales, sean de la concejalía que sean.
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